La Presidencia de la República, a través de su Consejería Jurídica, se quejó de la “filtración” del proyecto de Alberto Pérez Dayán en el que propone a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar el “Plan B” de la reforma electoral por violaciones legislativas.
“La filtración de información reservada es una práctica ilegal que afecta el principio de imparcialidad de los funcionarios que imparten justicia en nuestro país”, estableció en un comunicado.
Lo anterior, luego de que este lunes 1 de mayo el portal digital de noticias Aristegui Noticias se dio a conocer como exclusiva el proyecto que Pérez Dayán propondrá ante el Pleno de la Corte en ese sentido.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) aclaró que el artículo 206, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública prohíbe, entre otras conductas, usar, sustraer o divulgar, total o parcialmente, la información que se encuentre bajo la custodia de los servidores públicos.
Además, precisó que de conformidad con el Acuerdo General número 18/2006, emitido por el Pleno de la SCJN, “los proyectos de sentencia de los ministros constituyen información reservada”.
“¿Quién es responsable de resguardar la información de un expediente judicial en trámite ante el alto tribunal? ¿Con qué intención alguien de la SCJN filtró a un medio de comunicación, en exclusiva, un proyecto de sentencia tan relevante? ¿A cambio de qué se entregó la información reservada? La filtración de información ¿afecta o no el principio de imparcialidad de los demás jueces constitucionales? ¿Es causa de responsabilidad grave la divulgación indebida de esta información? Son cuestionamientos que la SCJN debe responder al pueblo de México”, planteó.
De acuerdo a la Consejería Jurídica, el actuar de la Corte no constituye un acto de transparencia, sino de irresponsabilidad, ya que dicho procedimiento judicial aún se encuentra en trámite y no ha sido incluido en la lista oficial de asuntos por resolver en el pleno.
En tal sentido, aseguró que con la difusión del proyecto se viola flagrantemente el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación.
Y recordó que el Código Penal Federal establece que comete delito en contra de la administración de justicia: “el servidor público que dé a conocer, a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en un proceso judicial y que por disposición de la ley esté reservado”.
La SCJN no difundió de forma institucional el proyecto de sentencia, sino que "lo entregó clandestinamente" a un medio de comunicación, lo cual contamina el proceso deliberativo de los integrantes del pleno, expuso.
Lo anterior, dijo, en virtud de que los demás ministros no conocían el proyecto que se divulgó ante la opinión pública, lo cual trasciende de manera negativa al principio de imparcialidad previsto en el artículo 17 constitucional.
“Los jueces no sólo hablan por sus sentencias, sus actos también demuestran su talante republicano y el respeto al Estado de derecho como servidores públicos; por esta razón, se espera que la SCJN inicie, de oficio, la investigación interna que corresponda a efecto de deslindar responsabilidades y evitar, en futuros casos, este tipo de conductas ilegales”, resaltó el CJEF.
Es así que el alto tribunal está llamado a ser ejemplo de pulcritud en el desarrollo de los procedimientos judiciales, refirió.
