Resolver el paradero de los normalistas de Ayotzinapa
El paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa aún se mantiene como un pendiente. El compromiso 89 de los 100 que realizó el presidente el 1 de diciembre de 2018 plantea que “se conocerá la verdad y se castigará a los responsables”.
A cuatro años de ese compromiso se tienen avances, como nuevas líneas de investigación y, órdenes de aprehensión, sin embargo, sigue sin conocerse el paradero de los jóvenes.
El 2022 fue un año agitado para la investigación. Semanas antes de que se cumplieran ocho años de la desaparición de los jóvenes, el subsecretario Alejandro Encinas presentó un informe en el que reveló que no se tenían indicios de que los jóvenes estuvieran con vida e hizo público que se tenían presuntas capturas de pantalla con presuntas conversaciones entre miembros del crimen organizado, en los que se daban detalles de qué ocurrió.
También se giraron 83 órdenes de aprehensión contra presuntos involucrados en el caso, incluidas 20 contra mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala. Días después se reveló que se solicitó a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) que se retiraran 21 de las que 16 eran contra militares, acusados de delincuencia organizada.
Una de las órdenes que sí se hizo efectiva fue contra el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien aún permanece en prisión.
Disminuir la violencia
Si bien se perfila que el año cierre con una reducción en homicidios dolosos, la violencia se mantiene como un reto para el presidente López Obrador, pues su sexenio se proyecta para ser el más violento de los últimos años.
A mitad de año se rebasaron las 120,463 muertes violentas ocurridas durante el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, cuando se inició la llamada guerra contra el narcotráfico.
Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de noviembre de 2022 se registraron 137,895 homicidios dolosos y feminicidios.
Esta administración está a 18,105 homicidios de alcanzar las 156,000 muertes violentas que se registraron durante toda la administración de Enrique Peña Nieto.
