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La justicia no se toca: GIEI cuestiona a FGR por cancelar órdenes de aprehensión

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) afirmó que las 83 órdenes de aprehensión estaban fundamentadas, por lo que la FGR debe explicar por qué pidió cancelar de 21 de ellas.
jue 29 septiembre 2022 02:57 PM
(Obligatorio)
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluirán su periodo de trabajo este 30 de septiembre, pero solicitarán una prórroga de un mes más.

Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) explicar por qué solicitó a un juez cancelar 21 órdenes de aprehensión contra presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ángela María Buitrago, Claudia Paz y Paz, Francisco Cox y Carlos Beristain argumentaron que las órdenes de aprehensión que se solicitaron y que fueron concedidas por el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca contra militares, policías y miembros de Guerreros Unidos estaban bien fundamentadas, por lo que no hay motivos jurídicos por lo cuál se hubieran podido cancelar.

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“La solicitud de las 83 órdenes fueron con fundamento en el análisis de la investigación y por esa razón es tan importante entender que hay que respetar las decisiones de la justicia y los Mps decidieron tener en cuenta toda la información para poder solicitar esas órdenes. Lo que es incomprensible es que un fiscal que no conoce del asunto, que no sabe por qué están consignados —la consignación y el ejercicio de la acción son más de 600 folios— que nunca tuvo acceso el fiscal que solicito la revocatoria. Nunca, nunca supo por qué tenía que quitar o dejar”, planteó Buitrago conferencia de prensa.

La experta originaria de Colombia, criticó que la FGR haya interferido en el trabajo de Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), solicitando la cancelación de las órdenes de aprehensión al juez.

“Cuando se trata de tocar la independencia y autonomía de la justicia se le hace un gran daño al país, se le hace un gran daño porque precisamente el tema es que la justicia no se toca y debe garantizarse la autonomía y la independencia”.
Ángela María Buitrago, miembro del GIEI.

Hace unos días, a petición de la Fiscalía General de la República fueron canceladas 21 de las 83 órdenes de aprehensión que habían sido emitidas en agosto pasado, entre ellas 16 contra militares.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la cancelación de 21 órdenes de aprehensión y explicó que ello respondió a que solo cinc miembros del Ejército son mencionados en el informe que presentó en agosto pasado Alejandro Encinas, titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y acusó, que desde la FGR se quiso "dinamitar" la investigación implicando a más militares en la desaparición de los jóvenes.

“Cuando el informe (de la comisión especial para Ayotzinapa) llega a la Fiscalía, como ahí hay interpretaciones distintas, tratan, esa es mi interpretación, de dinamitar el proceso porque estaba de por medio detener al procurador y estaba de por medio detener a militares”, reveló en su conferencia.

Carlos Beristain explicó que una de las órdenes de aprehensión que se cancelaron fue para quien tuvo acceso a las cámaras del C4, por lo que sabía lo que estaba ocurriendo con los jóvenes.

“No se entiende por qué los que estaban en el C4 se desestima la judicialización, es lo que se tiene que explicar, nosotros no somos los que tenemos que explicar. Nosotros hemos recabado las pruebas, los indicios, los elementos de prueba para que se evalúen y se tomen las decisiones sobre ello. No es una decisión política, no es una decisión tomada sin ningún criterio, esos criterios los han tomado los fiscales, no la ha tomado el GIEI pero sí conoce cuáles son los elementos que obran en ese proceso”, planteó.

 

Interferencias en la investigación

Este jueves, los integrantes del GIEI ofrecieron una conferencia de prensa, previo a que concluya su periodo este 30 de septiembre y en dónde denunciaron las injerencias de miembros de áreas ajenas a la investigación en la FGR para acelerar partes del proceso, dejando sin policías a la fiscalía Especial para el caso y obligando a presentar casos ante el juez de manera precipitada.

Los cuatro miembros de GEI también anunciaron que pedirán una prórroga de un mes más para terminar su trabajo.

Francisco Cox explicó que parte de esas interferencias consistieron en el cambio de fiscales para llevar la judicialización de la detención del exprocurador, Jesús Murillo Karam.

“Fue de público conocimiento cómo en la audiencia, el juez de control de Reclusorio Norte llamó la atención a quienes concurrieron a dicha audiencia por su falta de conocimiento del caso, por falta de conocimiento de la carpeta investigativa y lo que es más grave en opinión de GIEI que se dejaron de incluir evidencias y elementos probatorios que hubiesen fortalecido aún más la responsabilidad del exprocurador Murillo Karam”, dijo.

 

Agregó que producto de la judicialización débil contra el exprocurador existe el riesgo de que evada la justicia.

“Se corre el riesgo de que posteriormente no se logre una condena, no obstante existir evidencia de la participación del señor Murillo Karam en la construcción de la mal llamada verdad histórica”, planteó.

Algunas de las interferencias detectadas son:

· Designación de nuevos fiscales sin conocimiento del caso solo bajo el argumento “atendiendo las necesidades del servicio”.
· Privación a la UEILCA de policías de investigación por lo que no se ha podido avanzar en la investigación y verificar distintos datos de prueba que han surgido en el último tiempo.
· Auditorías a la UEILCA. En tres años nunca se les había realizado una, se les anunció que entre el 5 y 8 de septiembre se implementaría una evaluación.
· Desistimiento de las órdenes de aprehensión.

 

Salida de fiscal generará un retraso de hasta cinco años

Los integrantes de GIEI consideraron que la salida de Omar Gómez Trejo de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República implicará un retraso de entre tres y cinco años para la investigación.

“La salida de un fiscal que conoce un caso, de los fiscales que conocen los casos, atrasa entre tres y cinco años, el mismo periodo en que se demoró conocer el expediente, la investigación”, advirtió Ángela Buitrago, integrante del GIEI.

La experta también alertó que la salida de fiscal así como de otros fiscales traerán riesgos para a investigación.

“Hay que tener mucho cuidado, porque la pérdida de estos fiscales hace, inclusive, que se dejen por fuera como sucedió en la imputación de Murillo Karam, elementos probatorios muy fuertes y esto puede tener dos lecturas, nosotros no nos anticipamos a la especulación, pero desde este punto de vista significa que la salida de los fiscales va a generar una consecuencia negativa y ya la está generando en el tema del conocimiento de los casos, del tema de la información y sobre todo del manejo de lo que hay dentro de los casos”, destacó.

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