“A pesar de que se le ha invertido una gran cantidad de recursos a la Guardia Nacional, no es una policía eficiente. Un ejemplo: la Policía federal, con una tercera parte de los elementos que tiene la Guardia Nacional, hacía tres veces más detenciones que las que hace la Guardia Nacional, o si se quiere ver de otro modo, la Guardia Nacional, con tres veces el tamaño de la Policía Federal, hace una tercera de las detenciones que hacía la anterior policía”, explica Ricardo Márquez Blas, experto en seguridad pública y autor del estudio "México: Seguridad, Violencia y Futuro en Crisis”.
El 30 de junio de 2019, la Guardia Nacional inició su despliegue con 70,000 elementos. El propósito de la corporación naciente sería cubrir 266 regiones con 150,000 efectivos. Hoy su fuerza operativa es de 118,188, de los que 92,403 están desplegados en todo el país.
Este despliegue de elementos ha sido cuestionado por expertos en seguridad y organizaciones de la sociedad civil, principalmente porque el envío de elementos a los estados no atiende o está relacionado con cifras de inseguridad; es decir, no se mandan más elementos a lugares con más violencia.
En los primeros seis meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando aún no se ponía en marcha la Guardia Nacional, la administración sumaba 17,678 homicidios dolosos (en promedio 83 por día). En los 36 meses de operación, este delito promedia las 100 muertes diarias, por lo que aún se mantiene el “pendiente resolver el grave problema de la inseguridad y de la violencia”, como lo dijo en su discurso el presidente aquel 30 de junio.
“La Guardia Nacional no va a tener nunca el número de elementos que se necesitan para combatir la inseguridad que hay en el país. Estar en el rincón de cada país, en cada municipio va a ser imposible.
"Para garantizarle la seguridad a la ciudadanía tendríamos que estar fortaleciendo a las policías estatales y municipales, sin embargo, muchos gobernadores han renunciado a esa atribución legal que tienen en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica”, explica Genaro Ahumada, investigador de Causa en Común.