La FGR judicializará próxima semana a denunciados por Emilio Lozoya

La Fiscalía General de la República informó en una tarjeta informativa que, desde su extradición a México, a Lozoya Austin se le sujetó a proceso, el cual si bien lleva en libertad, lo obliga a portar un brazalete electrónico, firmar periódicamente ante el Juzgado y mantiene la prohibición de salir del país, para lo cual se le retiró el pasaporte, medidas que hasta ahora no ha infringido.

La FGR recordó que Lozoya busca apegarse al criterio de oportunidad, para lo cual el 11 de agosto presentó una denuncia de hechos en las que involucró a exlegisladores y exsecretarios como Luis Videgaray, Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, Jorge Luis Lavalle, Ricardo Anaya, David Penchyna, José Antonio Meade, Ernesto Cordero, entre otros, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito, electorales, cohecho, asociación delictuosa, y los que resulten.

“La indagatoria correspondiente se ha diligenciado en los términos de ley; y la próxima semana se judicializará en contra de quien o quienes ya se cuenten con elementos probatorios suficientes, quedando el desglose correspondiente hasta culminar con el análisis de cada uno de los casos denunciados”, informó la FGR.

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El 17 de julio de 2020, Emilio Lozoya regresó a México vinculado a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, cohecho y enriquecimiento ilícito. A finales de ese mes, un juez fijó un plazo de seis meses para definir la situación legal de Lozoya Austin, quien buscó apegarse al criterio de oportunidad a cambio de ofrecer información sobre una supuesta red de corrupción en la que presuntamente estaban implicados altos exfuncionarios e incluso expresidentes.

Desde que llegó a México, Lozoya no ha pisado en ningún momento el reclusorio y por el contrario realizó una denuncia de hechos y la ampliación de ésta, en la que reveló que los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas estaban involucrados en actos de corrupción, así como varios nombres de exlegisladores quienes presuntamente fueron cooptados para dar su apoyo a la aprobación de la reforma energética.

Al respecto, este miércoles, el presidente López Obrador consideró que le ha tomado a la Fiscalía General de la República bastante tiempo para realizar las investigaciones correspondientes, pero aclaró que confía en el trabajo realizado por el fiscal.

“Es un hombre íntegro y comprometido con la impartición de justicia, sin embargo, coincido en que ya ha transcurrido mucho tiempo aunque también imagino que se están haciendo bien las cosas, se están presentando las pruebas, en fin lleva algún tiempo la investigación”, refirió.

López Obrador pidió al fiscal Gertz Manero que, cuidando el debido proceso, informe sobre qué avances tiene de la investigación en el caso de Emilio Lozoya, pero también de otros que están en la Fiscalía.

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“Ya es tiempo de que todos estos asuntos se ventilen, que haya información. Existe la limitante del debido proceso, pero sí puede haber información”, consideró.

A finales de este mes de enero concluirá el plazo para que la Fiscalía General de la República determine el estatus legal de Emilio Lozoya, es decir, si acusa o no formalmente al exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto.