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El gobierno culpa a familias con nexos políticos de acaparar agua en Chihuahua

La administración de López Obrador señaló que familias de agricultores con vínculos con políticos al PRI y PAN acaparan agua para sus negocios y los acusó de causar el conflicto en la entidad.
vie 25 septiembre 2020 08:50 AM
Ricardo Mejía Berdeja
El subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Berdeja dijo que las protestas en Chihuahua no son un hecho "espontáneo".

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador acusó a dos familias de productores agrícolas de Chihuahua de usar sus vínculos con políticos con PRI y PAN para acaparar agua para sus negocios y, con ello, generar un conflicto en la entidad y obstaculizar que México cumpla el tratado de aguas que tiene con Estados Unidos desde 1944.

Durante la conferencia de prensa mañanera de este viernes, el subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía Berdeja, señaló a dos familias como las principales promotoras de las protestas en contra de la entrega de agua: los Urionabarrenechea Sánchez y los Porras Muñiz.

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Según el funcionario, los Urionabarrenechea Sánchez son productores de nogal y tienen nexos con el exgobernador priista César Duarte e incluso con el actual gobernador panista, Javier Corral, en tanto que los Porras Muñiz son productores de cebolla y son respaldados por el diputado local panista Jesús Valenciano.

¿#QuéPasóCon... el conflicto de agua en Chihuahua?

Mejía Berdeja aseguró que estas familias han promovido protestas contra la entrega del agua a EU no por un fin legítimo, sino porque no "quieren que disminuya la cantidad de líquido que acaparan para sus negocios".

“Hay una red de políticos acaparadores de agua y presuntamente delincuentes vinculados a toda esta trama, es decir, no es un movimiento espontáneo. No ha habido falta de agua, ha habido siempre flujo. Lo que vemos detrás de toda esta embestida contra la Guardia Nacional, de descalificación, es que evidentemente quieren seguir con su negocio”, dijo.

Mejía Berdeja señaló que ya hay 13 0 14 carpetas de investigación abiertas en la FGR por los eventos en las presas El Granero, La Boquillas, Las Vírgenes y por el "sabotaje y la destrucción" de la presa de La Boquilla en donde hay daños por más de 100 millones de pesos.

Las denuncias las han interpuesto funcionarios jurídicos de la Comisión Nacional del Agua, Comisión Federal de Electricidad, la Guardia Nacional y algunos particulares.

"Seguramente habrá consecuencias legales tanto para los autores materiales como para los intelectuales porque hubo mucho dinero repartiéndose, gasolina, camionetas. Hubo toda una conspiración como se ha señalado y esto tendrá consecuencias de carácter legal (...) Estamos contribuyendo desde la Secretaría de Seguridad para que esto puede generar imputaciones penales, judicialización y posteriormente, sanciones de carácter penal", expresó el funcionario.

Antes, el director para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, y la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, insistieron en que México está obligado a cumplir con el tratado que tiene con EU.

Los funcionarios también señalaron que los estados fronterizos están obligados a aportar un volumen de agua para el pago a los estadounidenses, y que la cantidad que aporta Chihuahua ha ido disminuyendo en años recientes.

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En riesgo el tratado a favor de México

El director general para América del Norte señaló que en los 76 años que lleva el tratado México ha tenido la flexibilidad de pagar cada cinco años, mientras que Estados Unidos lo hace anualmente.

Recordó que el país del norte entrega anualmente del Río Colorado 1,850 metros cúbicos de agua, mientras que México da 431 metros cúbicos de agua por el Río Bravo y cada cinco años pagar 2,158 metros cúbicos.

Velasco señaló que la regla es que el país no puede juntar dos quinquenios con retrasos de entrega de agua y hace cinco años se entregó menos agua por lo que este año no se puede retrasar más, por lo que dijo ha habido ya diversas llamados con preocupación por parte de Estados Unidos.

“México ha entregado un volumen inferior que no permite cumplir el tratado, que tenemos retenidas aguas en nuestras presas interiores y que tenemos que cerrar el ciclo sin déficit”, señaló Velasco al parafrasear la carta entregada por el gobernador de Texas a la Secretaría de Estado de EU, donde también se negaron a que se les entregue agua del Río San Juan, como propuso el gobierno de Chihuahua.

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El conflicto por el agua en Chihuahua ha escalado a lo largo de las últimas semanas y generado una confrontación entre el gobierno estatal y el federal.

El gobernador Corral asegura que Chihuahua no se opone al pago a EU, pero exige que las autoridades federales garanticen que no se dejará sin recursos hídricos a los productores locales.

En el mismo sentido, reclamó por una agresión que dos chihuahuenses sufrieron supuestamente por parte de la Guardia Nacional, luego de que participaron en una protesta en la presa de La Boquilla. De esas personas, una falleció y la otra fue hospitalizada con heridas graves.

Al respecto, el presidente López Obrador y su equipo sostienen que las manifestaciones en Chihuahua tienen un fin político, motivado por la proximidad de las elecciones federales y locales de 2021. López Obrador asegura también que este conflicto pone en riesgo la relación entre México y EU.

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