La consulta ciudadana sobre expresidentes enfrenta obstáculos en la ley

Expertos consultados por Expansión Política aseguran que además de ser inviable por la materia a consultar, este ejercicio impulsado tiene un trasfondo político y no jurídico y podría tener alcances muy mínimos.

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular, serán temas de consulta aquellos que repercutan en la mayor parte del territorio nacional e impacten en una parte significativa de la población.

Para tramitar una consulta ciudadana, hay tres vías:

1. A petición del Presidente de la República
2. A propuesta del 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso (equivalente a 165 diputados o 42 senadores)
3. A petición del 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores que hasta la última actualización de INE ascendía a 90 millones 036,367 mexicanos (es decir 1 millón 800,727 ciudadanos).

La legislación refiere que cuando se trate de una consulta impulsada por los ciudadanos, será la SCJN la que califique la trascendencia nacional de los temas que se quieren someter a consulta de los ciudadanos.

El nacimiento de la consulta

Desde antes de asumir la presidencia de México, López Obrador consideró que se debería someter a la justicia a los expresidentes de la llamada etapa neoliberal, es decir, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.

A decir de López Obrador a Carlos Salinas de Gortari por la privatización de bancos, minas, y la entrega de bienes públicos a particulares; a Ernesto Zedillo por la privatización de la deuda a través del Fobaproa, a Vicente Fox por haber sido participe del fraude electoral de 2006, lo mismo que a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto por corrupción.

El mandatario federal considera llevar ante la justicia a los expresidentes, debe ser una propuesta que se defina a través de una consulta ciudadana porque dice que "no quiere enviar el mensaje de que se trata de una venganza política". No obstante, esta idea se ha traído a la agenda pública por él mismo, y luego de que se filtrará la denuncia del exdirector de Pemex, en donde incluye a Carlos Salinas, Calderón y Peña Nieto.

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Esta consulta no sería la primera que convoca el presidente, pero sí la primera en llevarse a cabo bajo las reglas establecidas por la la ley.

Previo a su inicio de gobierno y hasta ahora, se han realizado cuatro consultas ciudadanas que han sido muy polémicas, la primera donde se decidió la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, la construcción del Tren Maya, la cancelación de la cervecera Constallation Brands en Baja California y la operación de la Termoeléctrica de Huexca, en Morelos. Todos estos ejercicios no han contado con la participación de Instituto Nacional Electoral (INE) ni se han realizado con base al marco jurídico.

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“Un acto más político que jurídico”

Para el profesor de Derecho Constitucional de la UNAM, Francisco Burgoa, realizar una consulta ciudadana para definir si se lleva o no ante la justicia a expresidentes, es un acto político cuando debería ser jurídico.

En entrevista, explicó que el preguntar a los ciudadanos si consideran que los expresidentes deben ser sometidos ante la justicia, atenta contra el artículo 35 de la Constitución Política que establece que “no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos”.

Con él coincidió la especialista en temas electorales, Elisa Banderas, quién afirmó que lo deseable en un caso de presunta comisión de delitos, sea la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial los que se encarguen para que no haya impunidad.

“Esta temática del juicio a expresidentes corruptos no es pertinente, porque ese juicio corresponde al Poder Judicial y a las autoridades competentes de acuerdo a la evidencia en su contra. En dado caso la ciudadanía debería participar aportando pruebas a las autoridades competentes”, sostuvo Banderas, quien es miembro de la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Para el analista político y profesor de la Universidad Iberoamericana, Juan Luis Hernández, someter a la justicia a los expresidentes por posibles actos de corrupción, no debería ser un tema de consulta, sino de justicia, por lo que la misma Fiscalía General de la República debería investigar de oficio y en su caso sancionar a quienes cometieron alguna violación a la ley.

“López Obrador lo que busca a través de la consulta es moverse en el terreno político y no en el jurídico y sabe que hay un sector de la población que espera que por vez primera haya algún tipo de juicio y rindan cuentas los expresidentes”, destacó.

En caso de que la consulta procediera, otro tema que advierten los expertos, es el alcance real que pudiera tener, pues los delitos por los que se les podría juzgar a los expresidentes ya prescribieron, salvo los adjudicados a Enrique Peña Nieto.

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La consulta no podría ser conjunta a la elección

Cuando en 2014 se publicó la Ley Federa de Consulta Popular, en su artículo 8 se estableció que la consulta o consultas populares a las que convocase el Congreso, se realizarían el mismo día de la jornada electoral federal, sin embargo, en diciembre de 2019, la Cámara de Diputados reformó diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de consulta popular y revocación de mandato, en la que se estableció que la fecha para realizar este ejercicio de democracia participativa sería el primer domingo de agosto.

Pero Morena busca que la consulta se efectúe en junio próximo, justo el día de la jornada electoral en la que se renovará la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y 30 congresos estatales, ello para garantizar que participe más del 40% de la lista nominal y así hacer vinculante el resultado de este ejercicio.

El diputado federal Javier Hidalgo explicó, en entrevista, que buscarán es que la consulta sea en junio para aprovechar que los ciudadanos acudirán a las urnas y se alcance el 40% para hacerla vinculante.

“Si es el 6 de junio es seguro que vamos a poder contar con ese porcentaje porque la participación siempre supera el 40%, pero si la Suprema Corte nos obliga a hacerla en agosto, ahí va a haber esas dificultades para que se logre esa participación”, reconoció.

De acuerdo con la legislación, el resultado de la consulta ciudadana será vinculante para los poderes ejecutivo, legislativo, y para las autoridades competentes solo cuando la participación haya sido de al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, es decir, 36 millones 014,546 personas. No obstante, con la legislación actual, no se puede realizar en esa fecha y debe ser en agosto.

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El as bajo la manga

Aunque con la modificación a la Constitución, establece que deberá realizarse en agosto, el diputado Javier Hidalgo, explicó que éste es un vacío legal, debido a que en un transitorio se estableció que dentro los 180 días siguientes a la publicación del decreto en el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, el Congreso de la Unión debía expedir la ley reglamentaria, lo cual no ha sucedido.

El legislador refirió que ante la complejidad y la prontitud con la que se requiere recolectar 1.8 millones de firmas, la bancada de Morena ya avaló que sean ellos quienes soliciten la consulta ciudadana, para lo que ya cuentan con los votos necesarios.

“Se requieren 166 diputados de 500 y no vemos ningún problema para lograr la solicitud”, afirmó.

En tanto, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, explicó que será este domingo en la sesión plenaria de los legisladores de su partido que se discutirá esta propuesta.