“En tal virtud, si bien el citado precepto de la Carta Magna establece el catálogo de los servidores públicos respecto a los cuales aplica dicha disposición, se considera conveniente, a fin de dotar de certeza jurídica e imponer límites a la discrecionalidad en las remuneraciones de los servidores públicos de las personas de derecho público”, refiere la iniciativa.
Se detalla también que la reforma se aplicará a todos los órganos nacionales y estatales:
Así como de los órganos y organismos con autonomía reconocida tanto en la Ley Fundamental como en las leyes federales, así como aquellos a los cuales las constituciones y legislaciones estatales les reconoce autonomía”.
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Esta iniciativa, que reformará los artículos 116 y 127 constitucionales, surge después de que, en 2019, funcionarios de órganos autónomos, como los consejeros del INE, se ampararon ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para no sujetarse a lo establecido por la Ley de Austeridad promovida por la presidencia.
Debido a esto, por ejemplo, los consejeros del INE siguieron percibiendo, este 2019, su salario mensual de alrededor de 217 mil pesos mensuales.
Con esta iniciativa, el presidente pretende dejar plasmado en la Constitución que, ningún servidor público, incluidos quienes laboren en órganos autónomos, pueda percibir un salario superior al suyo, que es de 156 mil pesos brutos, es decir 108 mil netos.
