No es una persona que, salvo una aparición esporádica en una mañanera, esté en las cámaras todo el tiempo. No es asidua a dar declaraciones, ni a los protagonismos. Pero, pese a haber sido parte del equipo inicial de Urzúa, pasó a convertirse en el principal alfil de Andrés Manuel López Obrador para implementar la austeridad republicana.
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Durante el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, Buenrostro fue directora de la Política Fiscal de la Secretaría de Finanzas capitalina, cargo que ocupó de 2000 a 2005. Previamente, se desempeñó como directora de políticas públicas de la Unidad de Política y Control Presupuestal en la Secretaría de Hacienda federal.
Actualmente, es la cabeza de una de las dependencias pilares para AMLO: la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual coordina a nivel federal la política de contrataciones públicas y tiene en sus manos, consolidar las compras de bienes y servicios del gobierno federal, a excepción de aquellas compras que realizan la Sedena y la Marina.
Por la instrucción de López Obrador de controlar cada peso que se gasta de dinero público, con la finalidad de generar los mayores ahorros posibles, combatir derroches y la corrupción, el año pasado la mayoría de Morena en el Congreso aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Además de quitarle la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación, dicha reforma desapareció las oficialías mayores de todas las dependencias federales, salvo Marina y Ejército, y creó una súper Oficialía Mayor en Hacienda con la finalidad de centralizar el gasto.
“El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecerá, mediante disposiciones de carácter general, el modelo organizacional y de operación de las unidades de administración y finanzas del sector centralizado; esa Secretaría, por conducto de su Oficialía Mayor, coordinará la operación de dichas unidades en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables”, señala el artículo 20 de la citada Ley, cuya reforma se decretó el 30 de noviembre de 2018, durante el último día de gobierno de Enrique Peña Nieto.
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