El caso de Ernesto Ruffo Appel , investigado por presuntas operaciones ilegales de importación de combustibles que presuntamente causaron daño fiscal, obtuvo un freno judicial: una jueza federal le concedió una suspensión definitiva en contra del auto que lo vinculó a proceso.
La resolución impide que, mientras se mantenga vigente la medida y no se resuelva el juicio de amparo, la causa penal avance hasta la apertura del juicio oral.
El exmandatario panista obtiene así un nuevo margen de protección judicial, aunque la acusación de la Fiscalía General de la República ( FGR) permanece vigente.
La determinación fue emitida el 29 de octubre de 2026 por la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, dentro del expediente de amparo 1085/2026.
El recurso cuestiona la vinculación a proceso dictada en julio por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez.
La FGR señala al exgobernador de Baja California por su presunta participación en una estructura dedicada al contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal.
Las imputaciones incluyen delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la investigación ministerial, Ruffo Appel presuntamente participó en el esquema a través de Ingemar S.A. de C.V., empresa mexicana de la que es señalado como fundador y exdirectivo.
La compañía presuntamente formaba parte de una red que introducía gasolina y diésel procedentes de Estados Unidos, principalmente desde Texas, mediante transporte ferroviario y ferrotanques.
Según los reportes, el esquema consistía en declarar ante las autoridades aduaneras cantidades de combustible inferiores a las que realmente transportaban para evadir el pago de impuestos correspondientes a la importación de hidrocarburos.
Ruffo Appel fue detenido en julio de 2026 en Ensenada, Baja California, y posteriormente vinculado a proceso.
Después de permanecer en el penal del Altiplano, obtuvo un cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria a finales de septiembre, decisión relacionada con su edad y sus problemas de salud.
