La dirigencia nacional de Morena estableció que, ante los señalamientos emitidos por el gobierno de Estados Unidos hacia algunos de sus integrantes, el partido únicamente considerará como válidas las investigaciones que realicen las autoridades mexicanas.
Bajo esta tesitura, la dirigente Ariadna Montiel argumentó que es exclusivamente México, mediante sus propias leyes, su estado de derecho y su pueblo, el que cuenta con la legitimidad y la soberanía para decidir el destino de la nación.
Respecto al vínculo con el país vecino del norte, la presidencia del partido precisó que se mantiene una atención constante a los comentarios y a la información vertida por las autoridades estadounidenses, dada la relevancia de la relación económica, comercial y la presencia de comunidades binacionales en la frontera.
Sin embargo, enfatizó que, si bien se sostiene una relación de respeto mutuo y de cooperación bilateral, bajo ninguna circunstancia se permitirá la injerencia extranjera en la determinación de a quién se debe juzgar y a quién no dentro del territorio nacional.
Como parte de este principio de soberanía jurídica, el partido reiteró su postura de respetar y acatar las indagatorias formales que conduzca la Fiscalía General de la República (FGR) sobre cualquier caso.
En ese sentido, la morenista contrastó la situación con las solicitudes de extradición formuladas por México que no han sido atendidas en el extranjero, mencionando de manera específica el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, señalado por las autoridades nacionales sin que hasta el momento se haya otorgado su extradición por parte de Estados Unidos.
Finalmente, la dirigencia aclaró que los líderes de los partidos políticos y los representantes del movimiento no poseen atribuciones de jueces ni de ministerios públicos, por lo cual no les corresponde señalar ni exonerar a ninguna persona ante la opinión pública.
Para el control interno de los perfiles de cara a los procesos electorales, se detalló que el partido se apega a un esquema de verificación voluntaria que revisa que los candidatos no tengan nexos con actividades ilícitas, pero que también abarca criterios más amplios como no ser deudores de pensión alimentaria ni violentadores de género, de acuerdo con los lineamientos internos de su convocatoria.
Los señalamientos provenientes de Estados Unidos han puesto bajo la lupa a distintos integrantes de Morena y figuras cercanas al partido.
Uno de los casos más relevantes es el de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, quien ha sido señalado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado, acusaciones que el morenista ha rechazado.
En ese caso también han aparecido los nombres del senador Enrique Inzunza Cázarez y del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, además de otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.
A los señalamientos se sumó el caso de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y dirigente de Morena, luego de que Estados Unidos le revocara la visa.
Si bien la cancelación de este documento migratorio no constituye por sí misma una acusación penal, la decisión generó cuestionamientos y presión política en torno al morenista, quien hizo pública su inconformidad y atribuyó la medida a razones políticas.
El episodio más reciente involucra a la senadora con licencia Julieta Ramírez, quien busca la candidatura de Morena a la gubernatura de Baja California.
Un reportaje de N+ sostuvo que la legisladora habría tenido acercamientos con autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de una investigación y que incluso buscaría convertirse en testigo colaborador.
Ramírez negó el señalamiento, rechazó haber firmado algún acuerdo en ese sentido y exigió que se presentaran pruebas que respaldaran la versión.
