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SCJN avala exigir más años de cotización para garantizar que un sistema de pensiones sea sostenible

El máximo tribunal estableció que evitar un eventual colapso financiero de las pensiones puede justificar mayores requisitos para acceder a una jubilación completa.
Rentas SCJN
La Corte avaló que un sistema de pensiones aumente los años de cotización necesarios para obtener una pensión completa. (SCJN)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que aumentar los años de cotización necesarios para obtener una pensión completa puede ser constitucional cuando la medida busca garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social.

El Pleno analizó la constitucionalidad de la Ley del Fondo de Ahorro para el Retiro Digno de las Trabajadoras y los Trabajadores del Estado de Nayarit, que sustituyó el anterior esquema de pensiones por un modelo de ahorro para el retiro basado en cuentas individuales administradas por un fondo estatal.

Uno de los puntos centrales de la resolución fue el cambio en el requisito para obtener 100% de la pensión por vejez. La nueva legislación elevó de 30 a 35 años el periodo de cotización necesario para alcanzar ese porcentaje.

La Corte consideró que el aumento no viola el principio de progresividad de los derechos sociales, debido a que existe una justificación relacionada con la viabilidad y sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, según se explica en el comunicado sobre el caso .

Aunque la resolución corresponde a la ley de pensiones de Nayarit, el criterio de la SCJN sienta un precedente relevante para futuras controversias en el país, al reconocer que la sostenibilidad financiera de un sistema puede justificar cambios en los requisitos para obtener una pensión, siempre que se respeten los derechos adquiridos.

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¿Por qué la Corte avaló trabajar más años?

El argumento de la SCJN va más allá de las finanzas públicas. Los ministros señalaron que el riesgo de que un sistema de pensiones llegue a un punto de colapso financiero también puede representar un problema de derechos humanos.

Bajo esta lógica, una modificación que haga más exigentes las condiciones para obtener una pensión puede ser válida cuando tiene como finalidad evitar que el sistema pierda su capacidad para garantizar el derecho a la seguridad social en el futuro.

En otras palabras, la Corte reconoció que la sostenibilidad financiera también puede ser un elemento que justifique modificar las reglas de acceso a una pensión.

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El cambio puede justificarse cuando busca garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. (Expansión|ChatGPT)

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¿A quiénes afecta el cambio?

La resolución no elimina los derechos adquiridos de quienes ya forman parte del sistema anterior.

La SCJN determinó que las personas jubiladas y pensionadas, así como quienes ya habían reunido los requisitos necesarios para pensionarse conforme al régimen anterior, conservan sus derechos.

Para las personas trabajadoras en activo, el nuevo esquema permite permanecer en el régimen previo o incorporarse al nuevo, con reconocimiento de los años de servicio y las cotizaciones acumuladas.

Por ello, el cambio de 30 a 35 años no significa que todas las personas trabajadoras de Nayarit deban cumplir automáticamente con cinco años adicionales para pensionarse. El impacto depende del régimen al que pertenezcan y de su situación frente a los requisitos ya cumplidos.

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La Corte también puso límites a la nueva ley

Aunque el Pleno avaló buena parte del nuevo esquema, también invalidó varias disposiciones de la legislación nayarita.

Entre ellas se encuentra la exclusión automática de las enfermedades crónico-degenerativas o congénitas del régimen de riesgos de trabajo. Para la Corte, no puede descartarse de antemano que una enfermedad tenga relación con la actividad laboral; cada caso debe analizarse para determinar si existe un vínculo causal.

También fueron invalidados requisitos para ocupar cargos directivos en el Fondo que impedían hacerlo a personas condenadas por cualquier delito doloso con pena de prisión o sancionadas por infracciones administrativas graves.

Además, la Corte determinó que el Congreso de Nayarit deberá establecer mecanismos para actualizar las pensiones conforme evolucione el sistema y garantizar la participación de representantes de las personas trabajadoras en los órganos de gobierno del Fondo.

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La Corte consideró que el riesgo de colapso financiero también puede afectar el derecho a la seguridad social. (Foto: X/ SCJN)

¿Qué sigue para Nayarit?

El Congreso local tendrá que realizar las adecuaciones necesarias a la legislación a más tardar en diciembre de 2026.

La resolución corresponde a las acciones de inconstitucionalidad 99/2023 y 100/2023, analizadas por el Pleno de la Suprema Corte en su sesión del 17 de agosto de 2026.

El caso deja una definición relevante para el debate sobre las pensiones: la necesidad de hacer financieramente sostenible un sistema puede justificar que se eleven los requisitos para acceder a una pensión completa, siempre que la medida tenga una justificación constitucional y respete los derechos adquiridos.

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