“En enero de 2026, una persona colaboradora aportó testimonio que confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a quien las sustrajo para entregarlas directamente a Ángel “N”, además de referir amenazas que explicaban su silencio previo”, explicó la fiscal Godoy.
A ese testimonio se sumó otro. En mayo pasado, un testigo protegido declaró que durante una reunión con mandos de primer nivel del gobierno de Guerrero, el entonces gobernador ordenó “desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala”.
“Lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal”, afirmó Godoy.
El papel del Ejército, otro giro
El caso Ayotzinapa tuvo otro giro en las últimas semanas con la emisión de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la que absuelve a las Fuerzas Armadas del episodio de desaparición de los normalistas.
En un informe de 2018, la CNDH emitió una recomendación en la que establecía una responsabilidad de las Fuerzas Armadas.
“En el caso del Ejército mexicano, hay una responsabilidad por parte de los elementos del 27° Batallón de Infantería, toda vez que fueron omisos ante los llamados de auxilio por parte de las personas en situación de víctimas y familiares de estos, al mismo tiempo fueron omisos ante la solicitud del Secretario de Seguridad Publica de Iguala”, dice la recomendación 15VG/2018 de la CNDH.
Sin embargo, en la recomendación del pasado 9 de julio, la CNDH excluye a la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina de los hechos de septiembre de 2024.
“No hubo participación de los elementos de la Defensa en ninguno de los eventos violentos contra los estudiantes, mucho menos la existencia de un plan de ‘contrainsurgencia’ o estrategia general de los normalistas”, dice la recomendación.
