Prohibición absoluta de celulares puede ser "desproporcionada e injusta", dice Observatorio de Diputados

Desde hace varias semanas la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha advertido que enviará al Congreso una iniciativa para regular, al menos, el uso de celulares dentro de escuelas de educación básica privadas y públicas, por la adicción que generan y sus repercusiones en el aprendizaje, el sueño y el desarrollo de los menores.

En septiembre inicia el periodo ordinario de sesiones, por lo que tal prohibición legal sería posterior a que sesione el Congreso.

Sin embargo el lunes pasado aseguró que hay consultas con el fin de que, a fin de este mes se tenga una medida aplicable para el próximo ciclo escolar 2026-2027, que inicia el 31 de agosto.

Con la decisión habría una medida homogénea en el país, pues por ahora los congresos de 16 entidades han establecido en leyes locales restricciones de diverso tipo.

Estos son Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas

En su estudio, elaborado por Mario Eduardo Maldonado Smith, el Observatorio de Asuntos Globales de la Cámara Diputados indica que el tema se debe vincular a la salud, la educación, la protección de datos personales; la violencia digital, la responsabilidad empresarial y los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

También deben considerarse las experiencias regulatorias de otros países, pues son referencias útiles para el debate nacional.

“Distintos países han adoptado medidas de alcance diverso: restricciones al uso de teléfonos en escuelas, edades mínimas para acceder a redes sociales, deberes sistémicos para plataformas, límites horarios, mecanismos de verificación de edad, reglas sobre publicidad dirigida, protección de datos y medidas frente a diseños potencialmente adictivos”, se indica.

Sin embargo la experiencia de otros lados, por ejemplo la Unión Europea, cuenta con elementos que aún no existen en México.

Entre ellos amplios deberes de diligencia para las plataformas, incluyendo evaluación de riesgos sistémicos, reglas sobre publicidad dirigida a menores, transparencia, perfilamiento y atención a diseños que puedan afectar el bienestar físico o mental de las personas usuarias.

Así, hay varias alternativas normativas que se pueden tomar según el espacio que se busque regular, la edad de las personas usuarias, el tipo de riesgo y la autoridad competente y además deben considerarse variables propias de México.

Nuestro país, por ejemplo, atraviesa profundas desigualdades sociales y diferencias territoriales, económicas, educativas y culturales, que no deben obviarse.

“Como ejemplo, en muchos hogares, el teléfono celular es la principal vía de acceso a internet y, en ciertos contextos, el medio más inmediato para realizar tareas escolares, comunicarse con familiares, acceder a información o participar en actividades comunitarias”.

Así una prohibición total para menores de edad deberá considerar que el uso de celulares es medio de comunicación familiar, por ejemplo.

“Una prohibición absoluta de estos medios muy probablemente sería desproporcionada e injusta a la luz del conjunto de los demás derechos fundamentales de la persona”.

De acuerdo con el análisis, hay una diversidad de infancias y adolescencias del país (por ejemplo según zonas rurales o urbanas), y distintas condiciones de acceso, acompañamiento y alfabetización digital, por lo que eso debe considerarse en la eventual regulación del uso de celulares, tanto en escuelas como fuera de ellos.

Además se considera que debe garantizarse el “inquebrantable deber de convocar también a las propias infancias y adolescencias al diálogo y debate nacional”.

Esto es así porque los celulares, como única vía de acceso al internet pueden favorecer la educación, la comunicación, la cultura y la participación, aunque, se admite, al tiempo “expone a riesgos asociados con uso problemático, ciberacoso, explotación de datos personales, violencia digital, publicidad dirigida, exposición a contenidos nocivos y otros riesgos”.

Así, en ese tema se entretejen los riesgos de adicción digital, la concentración del control de las plataformas y la necesidad de actualizar la legislación vigente.

Entre otros datos el Observatorio recuerda que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025, realizada por el INEGI, el 78.3% de los hogares mexicanos cuenta con acceso a internet y 86.1% de la población utiliza esta tecnología.

“El teléfono inteligente aparece como el principal dispositivo de conexión, utilizado por 97.3% de las personas internautas. Entre jóvenes de 15 a 24 años, la proporción de personas usuarias llega a 97.6%”.