“Ninguna autoridad puede impedir anticipadamente que una persona exprese sus ideas o difunda información, pues resulta incompatible con la libertad que corresponde a toda persona, pero también lo es cualquier forma de comunicación que manipule, degrade o instrumentalice al ser humano”, planteó.
El posicionamiento surge luego de que el gobierno federal anunciara un proceso de consulta para analizar los mecanismos relacionados con la veracidad de los contenidos, el derecho de réplica y la distinción entre información y opinión en medios electrónicos.
La iglesia destaca que, aunque las autoridades argumentan que la intención es fortalecer los derechos de las audiencias, la iniciativa genera inquietud entre especialistas y representantes de medios, quienes advierten posibles riesgos para la libertad de información.
Recordó además que el marco constitucional protege la libre expresión de las ideas y establece que ese derecho no puede estar sujeto a controles previos, aunque afirmó que también hay responsabilidades cuando se afectan los derechos o la dignidad de terceros.
Expresar pensamientos, intercambiar conocimientos y comunicar opiniones, agregó, forman parte de los derechos inherentes de toda persona. Afirmó que ninguna instancia administrativa debe decidir qué opiniones son aceptables o determinar de antemano la veracidad de los contenidos.
