Los desastres asociados al cambio climático y los fenómenos geológicos desplazaron a 1 millón 37,910 personas en México entre 2013 y 2023, una cifra que evidencia que el desplazamiento forzado interno ya no responde solo a la violencia. El Diagnóstico nacional sobre el desplazamiento forzado, elaborado por el Consejo Nacional de Población (Conapo) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), advierte que el aumento en la frecuencia e intensidad de huracanes, inundaciones, sequías, incendios forestales y otros desastres configura una nueva crisis humanitaria en el país.
México suma más de un millón de desplazados en 11 años por desastres y cambio climático
Más de un millón de personas fueron desplazadas en México por desastres climáticos y geológicos en más una década. Comunidades enfrentan una nueva crisis marcada por el cambio climático.
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El estudio identificó que 2023 fue el año con mayor número de personas desplazadas, con 285,864 casos, principalmente por los efectos del huracán Otis; en contraste, 2016 registró la cifra más baja, con 16,427 desplazamientos. En la mayoría de los casos, los fenómenos hidrometeorológicos concentraron el mayor número de personas afectadas.
México carece de una política nacional para atender el desplazamiento climático
El diagnóstico advierte que, aunque México fortaleció su sistema de protección civil tras los terremotos de 1985, aún carece de un marco jurídico federal especializado y de una política nacional que atienda de manera integral el desplazamiento forzado interno, en particular el provocado por desastres y cambio climático.
Si bien el gobierno federal reconoció oficialmente este fenómeno como un problema público en 2019 y desde entonces se han impulsado leyes estatales, protocolos y mecanismos de atención, la mayoría de estos instrumentos se enfocan en los desplazamientos derivados de la violencia, mientras que los ocasionados por fenómenos ambientales continúan rezagados.
Actualmente, solo Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas cuentan con leyes específicas sobre desplazamiento forzado interno, mientras que otras entidades como Oaxaca, Estado de México y Michoacán trabajan en iniciativas similares. A nivel federal, las propuestas para expedir una Ley General sobre la materia no han prosperado en el Congreso.
Los desastres agravan la vulnerabilidad
El estudio sostiene que el desplazamiento es un fenómeno multicausal en el que convergen pobreza, desigualdad, falta de ordenamiento territorial, violencia y cambio climático.
En estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Michoacán y Zacatecas los desastres naturales se combinan con la presencia de grupos criminales, conflictos comunitarios y altos niveles de marginación, lo que dificulta el retorno de las familias y prolonga su condición de desplazamiento.
Además, advierte que muchas personas quedan atrapadas entre dos crisis: la violencia y los desastres. Aunque pueden recibir apoyo temporal mediante el Sistema Nacional de Protección Civil durante la emergencia, el país carece de mecanismos permanentes para garantizar vivienda, empleo y reconstrucción de sus medios de vida.
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Sequías, inundaciones y huracanes concentran las afectaciones
El diagnostico revelo así que las afectaciones por fenómenos climáticos son cada vez más frecuentes.
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 registró que 5.8 millones de hogares, equivalentes al 15.1% del total nacional, reportaron impactos por algún fenómeno climático entre 2023 y 2024. La sequía fue el evento más frecuente, al afectar a 3.2 millones de hogares, seguida por las inundaciones (1.5 millones) y los huracanes (940,000).
Los daños más comunes fueron las afectaciones a la vivienda (2.3 millones de hogares), pérdidas en actividades agrícolas (1.6 millones), afectaciones al empleo o negocios (705,000) y problemas graves de salud (456,000 hogares).
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El informe identifica a Guerrero, Nuevo León y Oaxaca como las entidades con mayor proporción de hogares afectados por fenómenos climáticos, seguidas por Veracruz, Tabasco, Hidalgo, Chiapas y San Luis Potosí.
Asimismo, concluye que las comunidades rurales y los hogares de menores ingresos presentan una mayor exposición a los impactos climáticos, debido a que suelen ubicarse en zonas de riesgo, cuentan con viviendas más vulnerables y tienen menor capacidad económica para recuperarse después de un desastre.
El diagnóstico advierte también que el cambio climático incrementará la ocurrencia de fenómenos extremos como sequías, pérdida de zonas costeras e inundaciones, lo que puede traducirse en un aumento de personas obligadas a desplazarse dentro del territorio nacional, por lo que prevenir estos eventos resulta menos costoso que atender sus consecuencias una vez ocurridos
Urgen políticas de prevención
El diagnóstico advierte además que la prevención es la principal deuda del Estado mexicano. La falta de atlas de riesgo municipales actualizados, la expansión de asentamientos humanos en zonas vulnerables y los procesos de reconstrucción insuficientes incrementan tanto el riesgo de nuevos desplazamientos como los costos económicos para los gobiernos.
Por ello, Conapo y ACNUR recomiendaron fortalecer el ordenamiento territorial, actualizar los sistemas de información sobre desplazamiento interno, incorporar este fenómeno en las políticas de adaptación al cambio climático y desarrollar una estrategia nacional que permita prevenir nuevos desplazamientos y ofrecer soluciones duraderas para las personas afectadas.
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Casos que ilustran la nueva crisis de desplazamiento climático
Uno de los casos más representativos es El Bosque, Tabasco, considerada la primera comunidad de México reubicada de manera planificada debido a los efectos del cambio climático. La erosión costera, agravada por el aumento del nivel del mar y la fuerza del oleaje, destruyó viviendas, infraestructura y fuentes de sustento, lo que obligó a las autoridades a trasladar a las familias a un nuevo asentamiento.
Sin embargo, la reubicación no resolvió todas las afectaciones. Algunas familias de El Bosque aún no son incluidas en el padrón de viviendas dañadas, mientras que otras comunidades desplazadas por fenómenos ambientales permanecen sin reconocimiento ni atención oficial.
Otro ejemplo ocurrió en Chapula, en Tianguistengo, Hidalgo, donde en 2025 las lluvias extraordinarias provocaron deslaves e inundaciones que destruyeron viviendas y obligaron a evacuar a decenas de familias.
El episodio evidenció la vulnerabilidad de las comunidades asentadas en zonas de alto riesgo y la urgencia de fortalecer el ordenamiento territorial, las estrategias de prevención y las medidas de adaptación para reducir el riesgo de nuevos desplazamientos.
A esta lista se suma el impacto del huracán Otis, que golpeó Guerrero en octubre de 2023. La devastación en Acapulco y municipios cercanos dejó miles de viviendas dañadas o destruidas y provocó desplazamientos temporales hacia refugios y albergues.
El diagnóstico advierte que la recuperación no termina con la emergencia, pues muchas familias enfrentan procesos prolongados para recuperar una vivienda y reconstruir sus medios de subsistencia.
Estos casos muestran las distintas formas que puede tomar el desplazamiento asociado al cambio climático: desde evacuaciones temporales provocadas por huracanes y lluvias extremas hasta reubicaciones permanentes cuando el territorio deja de ser habitable. Una realidad que puede volverse más frecuente conforme aumenten los efectos del cambio climático.
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