De desplazados a agentes de cambio: El Bosque lucha por nueva política nacional

En una muestra de acción colectiva y resiliencia, los pobladores –junto a organizaciones de la sociedad civil como Greenpeace México y Nuestro Futuro– presentaron una propuesta comunitaria para atender y prevenir el desplazamiento que, según el Banco Mundial, puede llevar a que tres millones de personas dejen sus hogares en México hacia 2050.

Pablo Ramírez, activista de Greenpeace, que acompaña a El Bosque desde 2019 cuando exigió ser reconocida como desplazada hasta su reubicación en noviembre de 2024, subraya que México atraviesa un momento clave para dar este paso.

“Estamos en una coyuntura política muy importante y bastante única, una oportunidad para avanzar en instrumentos de política pública que permitan atender este problema, que es muy grave”, apunta.

El activista señala que México debe presentar sus compromisos climáticos en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), a celebrarse del 10 al 21 de noviembre de 2025 en Brasil y en 2026 se elaborarán los primeros Planes Nacionales de Adaptación.

El caso de El Bosque, insiste, debe servir como ejemplo para no repetir errores y garantizar procesos justos. “Hemos sido muy enfáticos en que estos planes deben incluir la voz de la comunidad, sus modos de vida, la educación, la salud, los adultos mayores. No se trata solo de construir viviendas”, dice en entrevista.

Ramírez resalta que, aunque la comunidad logró tener nuevas viviendas, el proceso de reubicación quedó incompleto: no se garantizaron servicios de salud, educación ni empleo.

Agrega que México se encuentra también ante la oportunidad histórica de convertirse en uno de los primeros países en incorporar de manera oficial el desplazamiento climático interno en su política nacional y hacer justicia a miles de personas que, como las y los habitantes de El Bosque, han perdido comunidades, patrimonios y territorios a causa de este fenómeno.

En México, el fenómeno del desplazamiento forzado por causas ambientales carece de un reconocimiento pleno en el marco jurídico nacional.

Aunque existen la Ley General de Víctimas y la Ley sobre Desplazamiento Forzado Interno, ambas se enfocan principalmente en contextos de violencia e inseguridad. De este modo, el desplazamiento derivado de sequías, inundaciones, huracanes o el aumento del nivel del mar no está contemplado de manera específica ni con mecanismos de atención diferenciados, pese a que existe ya la Ley General de Cambio Climático.

La propuesta comunitaria presentada el 2 de septiembre busca justamente cerrar ese vacío. Con participación de comunidades, academia e instancias gubernamentales, plantea articular los instrumentos existentes y crear nuevos mecanismos que garanticen los derechos humanos de las personas afectadas.

Entre los ejes centrales destacan la creación de un protocolo nacional de coordinación interinstitucional, respuestas diferenciadas según se trate de fenómenos de evolución lenta o eventos repentinos, y la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones, con especial atención a mujeres y jóvenes.

“No queremos más Bosques”

Durante años, los habitantes de esta comunidad observaron cómo la erosión costera y los fenómenos hidrometeorológicos debilitaban su territorio. Las primeras casas fueron alcanzadas por el mar en 2017, para 2019, las olas destruyeron escuelas, un centro de salud y gran parte de la colonia.

Los vecinos resistieron lo más que pudieron, pero la amenaza de perder la vida en cada temporal obligó a tomar una decisión: pedir su reubicación.

Tras años de gestión y presión, en 2023 el Gobierno federal construyó 51 viviendas en un nuevo asentamiento conocido como “El Nuevo Bosque”. Sin embargo, varias familias quedaron fuera del programa y, para quienes sí lograron mudarse, la adaptación ha resultada complicada: los pescadores quedaron lejos del mar, las condiciones laborales se precarizaron y la comunidad perdió gran parte de sus costumbres y entorno.

Guadalupe Cobos, vocera de El Bosque, recuerda cuando el mar alcanzó las primeras casas. “Si me hubieras preguntado en 2018 si pensaba en reubicarme, te habría dicho que jamás. Pero cuando vimos el agua tocar nuestras casas, entendí que era verdad, que ya no teníamos cómo detenerlo”, cuenta.

La reubicación significó perder no solo hogares, escuelas, sino también historia, sueños e incluso tradiciones. “Nos quedamos sin casa, sin entorno, sin historia. Fue un golpe en el alma”, confiesa Cobos.

Pese al dolor que esto implicó, Cobos se convirtió en la voz de su pueblo. “El cambio climático nos enseñó a golpes, con dolor e injusticia. Pero aprendimos que no fuimos nosotros quienes lo provocamos y que, sin embargo, somos los que estamos pagando la factura”, apunta.

Andrés Palma, delegado de El Nuevo Bosque, también comparte esta preocupación. Con apenas 30 años, él tuvo que dejar la casa donde creció y ahora enfrenta cada día el reto de seguir pescando a 12 kilómetros de distancia de donde se ubica su nueva viviendo.

“Antes caminaba unos metros y llegaba al mar. Ahora me levanto a la una de la mañana para ir a pescar. La casa nos la dieron, sí, pero ningún apoyo más. Nos hemos rascado por nosotros mismos”, relata.

Su familia también ha tenido que adaptarse: sus hijos, de 12 y 4 años, tuvieron que cambiar de escuela, lo que obliga a Andrés a tener nuevas rutinas que han complicado su vida de pescador, el trabajo de donde obtiene el sustento para su familia.

Aunque aún enfrentan dificultades, los habitantes de El Bosque convirtieron en punta de lanza de una lucha mayor: que el país tenga una respuesta institucional para quienes, como ellos, pierden todo ante un fenómeno que dejó de ser futuro para convertirse en presente.

La historia de El Bosque trascendió fronteras. En 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos retomó su caso en una opinión consultiva sobre cambio climático y derechos humanos.

Ahora, su propuesta de política se convierte en bandera para exigir al Estado mexicano justicia climática. Los testimonios de Cobos y Palma buscan evitar que más comunidades enfrenten solas la devastación ambiental.

El caso dejó en evidencia también las limitaciones de la atención gubernamental, pues la reubicación se redujo a un programa de vivienda, sin incorporar salud, educación, empleo ni acompañamiento psicológico. Por eso ahora, esperan que quienes enfrenten situaciones similares tengan una ruta clara a qué autoridades acudir.

De acuerdo con Greenpeace, existen otras comunidades en riesgo en estados como Guerrero, Yucatán, Michoacán y Sinaloa.