La designación de los consejeros se concretó durante una reunión privada de las consejerías del Instituto, luego de varias horas de deliberaciones para definir la conformación del nuevo órgano previsto en la reforma electoral.
La Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas fue creada mediante las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), publicadas el pasado 2 de junio, y constituye uno de los nuevos instrumentos incorporados por la reciente reforma electoral rumbo a los comicios federales de 2027.
La función de la Comisión de Verificación
La comisión no tendrá facultades para investigar delitos, integrar expedientes o determinar la elegibilidad de las candidaturas. Su función será actuar como enlace institucional entre los partidos políticos, las candidaturas independientes y las dependencias federales encargadas de la seguridad, la inteligencia, la procuración de justicia y la supervisión financiera.
Cuando un partido político o una candidatura independiente solicite la revisión de alguno de sus aspirantes, la comisión canalizará la petición a las autoridades competentes, las cuales analizarán la información disponible y elaborarán una evaluación de riesgo.
En este procedimiento participarán la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), además de otras instituciones que puedan aportar información dentro del ámbito de sus atribuciones.
Con base en los datos proporcionados por estas dependencias, el INE integrará un informe que será entregado exclusivamente al partido político o a la candidatura independiente que promovió la solicitud.
Procedimiento voluntario
La legislación establece que la revisión no será obligatoria. Tanto los partidos como las candidaturas independientes decidirán libremente si solicitan o no la evaluación de sus aspirantes.
Asimismo, los resultados no tendrán efectos vinculantes. Es decir, si la evaluación identifica elementos considerados como un riesgo, el INE no podrá impedir el registro de una candidatura ni cancelar una postulación. La decisión final corresponderá a cada fuerza política o a la persona aspirante.
Las autoridades electorales también señalan que el procedimiento será confidencial y reservado para proteger tanto las investigaciones en curso como los derechos de las personas involucradas. En caso de que durante la revisión las autoridades detecten información que amerite una investigación adicional, podrán continuar con los procedimientos que correspondan dentro de sus respectivas competencias.
