El Instituto Nacional Electoral (INE) calcula que deberá realizar verificaciones de integridad a entre 750,000 y 800,000 aspirantes a candidaturas durante las elecciones de 2027.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, explicó que esta cifra corresponde al escenario máximo posible, en el que los ocho partidos con registro nacional postulen candidatos para todos los cargos de elección popular a nivel federal, estatal y municipal.
En mayo pasado, el Congreso aprobó reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) mediante las cuales se ordenó al INE crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas. Este órgano deberá recibir los listados de aspirantes y, en coordinación con instancias de seguridad, inteligencia, financieras y de procuración de justicia, realizar el análisis de riesgo sobre los perfiles.
Los partidos políticos y los aspirantes podrán proporcionar información al INE, mientras que las personas postuladas deberán manifestar su conformidad para que su perfil sea sometido a un análisis de riesgo.
Por ello, Taddei señaló que el techo máximo de consultas de verificación puede alcanzar las 800,000.
“Hoy le tienes que garantizar a los partidos políticos la posibilidad de sus consultas (de verificación de integridad) y eso te lleva a generar una expectativa de universo de consultas. Y más o menos hablábamos de entre 750 y 800,000 consultas si nos vamos con todos los cargos establecidos a nivel federal, estatal y municipal.
“Tenemos (elecciones a) congresos locales, el Congreso federal, presidencias municipales y gubernaturas, concejalías y suplencias y toda esta cosa que implica el tema de un ayuntamiento”, comentó.
La consejera presidenta informó que la próxima semana, durante la reunión previa a la sesión del Consejo General, se definirá a los tres consejeros que integrarán la Comisión de Verificación de Integridad de Candidatos para las elecciones federales y locales de 2026-2027.
Actualmente, ocho consejeros del INE manifestaron su interés de formar parte de esa comisión, comentó.
Taddei aseguró que el Instituto ya comenzó a trabajar en la operación del nuevo órgano y en la elaboración de un proyecto de lineamientos que garantice, principalmente, la secrecía de la información que estará bajo su responsabilidad.
También informó que, mediante una mesa de trabajo con autoridades de seguridad, se analizan los mecanismos que permitirán aplicar las nuevas disposiciones legales.
Por quinta ocasión, el Consejo General del INE aplazó la discusión de los lineamientos para regular los procesos internos adelantados que realizan diversos partidos políticos, pese a que todavía no inicia formalmente el proceso electoral federal.
Durante la sesión se presentó un tercer proyecto para establecer reglas sobre estos procedimientos; sin embargo, una mayoría de ocho consejeros decidió posponer de nuevo el análisis, con el respaldo de Morena, PVEM y PRI.
El retraso puede extenderse debido a que el INE iniciará un periodo vacacional de medio mes en agosto, por lo que la aprobación de los lineamientos quedará pendiente durante varias semanas.
Los consejeros Carla Humphrey, Arturo Castillo y Martín Faz señalaron que el Instituto ya presenta un retraso en la materia y que es necesario aprobar reglas antes de que avance el proceso electoral.
“Sí me resulta un poco extraño que en todo este plazo, ya no digamos de cuando se hizo el exhorto hace cuatro meses, sino cuando se puso sobre esta mesa dos proyectos específicos que ya son dos meses, pues no se hayan realizado las suficientes reuniones de trabajo que en este momento los partidos políticos señalan” dijo Humphrey.
Aunque el argumento principal para aplazar la discusión fue la necesidad de realizar más consultas con los partidos sobre las reglas aplicables, el consejero Arturo Chávez advirtió que los actos de proselitismo adelantado pueden permanecer sin regulación ni fiscalización, debido a que el Congreso no estableció reglas específicas en la ley.
“Las leyes corresponden al Poder Legislativo y se tuvieron tres años para regular esto, porque se denunció en 2024 y fue objeto de un gran debate y tuvieron tres años para regular o ponerse de acuerdo de qué era válido, pero no sucedió nada y ahora quieren que el INE asuma la responsabilidad que le corresponde a la Cámara de Diputados”, dijo.
El consejero explicó que los actos anticipados de precampaña ya cuentan con regulación, pero que los procesos adelantados previos al inicio del proceso electoral federal debieron ser contemplados en la legislación.
A esa postura se sumó la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, quien responsabilizó a los partidos políticos por no impulsar una reforma en la materia.
En contraste, los representantes de Somos México, Marco Baños, y del Partido Acción Nacional (PAN), Víctor Hugo Sondón, criticaron que el INE no puede apartarse de su responsabilidad de garantizar condiciones de equidad en la contienda.
“Todos los partidos que ya iniciaron sus procedimientos, el caso de Morena, el caso del PRI, incluso el caso del PAN y hasta el MC, tienen ya procedimientos que están avanzando y ustedes no han regulado el punto. el proceso electoral empieza a más tardar el 7 de septiembre de este año, cuando ustedes emitan los lineamientos, pues simplemente el proceso ya empezó”, dijo Baños.
En conferencia de prensa, la consejera presidenta del INE descartó que exista una investigación sobre el posible uso de recursos del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, durante el proceso de constitución del partido Somos México, organización de cuyo consejo consultivo forma parte.
Taddei explicó que, en caso de existir una queja en materia de fiscalización, el INE tiene facultades para investigar; sin embargo, actualmente no existe ninguna denuncia en ese sentido.
Añadió que el proceso penal abierto en contra del exmandatario estatal no es suficiente para que el Instituto inicie una indagatoria.
