Certificaciones: una evolución, no una imposición
La revisión sexenal del T-MEC coincide con el impulso de nuevas certificaciones laborales y ambientales promovidas por el gobierno federal para las agroexportaciones.
A principios de mayo, se anunciaron los cambios legislativos que incorporan mecanismos de verificación laboral y ambiental en la producción agrícola destinada a exportación por lo que faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para emitir un Certificado Laboral para la Agroexportación, que acredite el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social a lo largo de la cadena productiva.
Su objetivo es que el comercio agroalimentario se desarrolle "bajo estándares verificables de cumplimiento laboral y libre de deforestación”, alineando la política comercial con compromisos internacionales como el propio T-MEC, cuyos capítulos laboral y ambiental, obligan a garantizar derechos laborales y protección de los recursos naturales.
Molina asegura que para la industria de berries estos temas no son nuevos, pues desde hace más de 15 años que Aneberries nació se trabaja en programas de inocuidad, seguridad alimentaria, trazabilidad y certificaciones internacionales.
Explica que la asociación desarrolló el programa Berry GAP, un sistema de buenas prácticas adaptado a pequeños y medianos productores para facilitar su incorporación a estándares internacionales.
“Las berries están conformadas por muchos pequeños productores. Lo que hemos buscado es trasladar esos niveles de cumplimiento y buenas prácticas agrícolas a sistemas accesibles para ellos”, dice.
Tan solo durante la última temporada, la asociación realizó más de 6,000 capacitaciones dirigidas a productores y trabajadores del sector.
Un sector que apuesta por la formalidad
Para el vicepresidente de Aneberries, uno de los principales desafíos del campo mexicano sigue siendo la formalización laboral.
Las berries utilizan una gran cantidad de mano de obra durante distintos momentos del ciclo productivo, lo que genera retos en materia de contratación, movilidad laboral y acceso a la seguridad social.
Sin embargo, Molina sostiene que los municipios con vocación agroexportadora muestran resultados significativamente mejores que el promedio nacional.
Cita un estudio realizado por el Wilson Center Mexico Institute y Jornamex, en el que se contrasta que mientras la formalidad laboral en el sector agrícola nacional ronda entre 23% y 25%, en regiones agroexportadoras puede superar el 70%.
“San Quintín es un ejemplo muy claro. El nivel de formalidad está por encima del 70%, muy por arriba de la media nacional”, resalta.
El estudio también identificó que los municipios agroexportadores registraron mayores avances en reducción de pobreza y movilidad social que el promedio del país.
Las berries y el sector agroexportador se han convertido en motores de movilidad social.
No obstante, reconoce que aún existen obstáculos estructurales. Uno de ellos es la dificultad para que trabajadores temporales obtengan documentación básica como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), requisito indispensable para su incorporación a esquemas formales.
“Hay trabajadores que viven a horas de distancia de una oficina del SAT. Son retos estructurales que tenemos que resolver para seguir avanzando”, dice.