A partir de difusión de la iniciativa, México Unido contra la Delincuencia (MUCD), Balance A.C. y Equis Justicia realizaron un análisis de la propuesta legislativa y del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres, que Sheinbaum lanzó en mayo.
Las organizaciones reconocieron los esfuerzos de esta administración para implementar medidas contra la violencia hacia las mujeres, pero señalaron que, sin presupuesto y fortalecimiento institucional, estas acciones serán insuficientes.
En el análisis ¿Prevenir o sancionar?, explicaron que la atención a la violencia feminicida no puede reducirse al endurecimiento de las penas de cárcel. Tampoco puede resolverse con programas sin una ruta clara de ejecución y evaluación.
Sobre la iniciativa de ley, indicaron que, al aumentar las penas, ampliar los agravantes y restringir los beneficios procesales, puede reproducir desigualdades y generar nuevos riesgos para las mujeres en situación de vulnerabilidad.
Además, al focalizarse en las sanciones, deja intactos los problemas que hoy impiden investigar los casos de feminicidio con diligencia, ya que no se considera un incremento presupuestal para las fiscalías y servicios periciales ni mecanismos efectivos para el cumplimiento de los protocolos de investigación.
“Esta apuesta resulta insuficiente para reducir la violencia”, expusieron y señalaron: “Es una lógica centrada en el castigo que deja sin atender las causas estructurales de la violencia y las condiciones que hoy producen impunidad”.
De 2015 a 2025, México registró 9,166 víctimas de feminicidio, según los datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El año 2021 fue el más violento, con 1,022 víctimas. A partir de entonces se redujeron en 28%, al sumar 732 en 2025.