La salida de Borge fue posible luego de que el pasado 28 de mayo el juez federal Gustavo Eduardo Alonso Ortiz, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Xochitepec, Morelos, lo absolvió del delito de delincuencia organizada, al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no acreditó su responsabilidad en ese ilícito.
Dicha acusación era el principal obstáculo para que el exgobernador pudiera abandonar la prisión, ya que ese delito contempla prisión preventiva oficiosa. Al quedar sin efecto ese cargo, pudo hacerse efectiva una resolución emitida desde diciembre de 2023 que le concedió prisión domiciliaria por la causa penal relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Aunque recuperó su libertad bajo resguardo domiciliario, Borge aún enfrenta el proceso por presunto lavado de dinero derivado de la venta irregular de al menos 24 predios propiedad del gobierno de Quintana Roo a familiares, amigos y presuntos prestanombres a precios inferiores a su valor comercial, operaciones que habrían causado un daño millonario al patrimonio estatal.
El exmandatario priista fue detenido el 4 de junio de 2017 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a París, Francia. Posteriormente fue extraditado a México en enero de 2018 para enfrentar diversos procesos penales relacionados con presuntos actos de corrupción cometidos durante su administración al frente de Quintana Roo entre 2011 y 2016.
