Por años el juicio político ha sido un arma estratégica para los políticos para debilitar a opositores. Solo en el último mes, el PAN, PRI y Morena a nivel estatal han impulsado este procedimiento constitucional en diferentes estados en contra de gobernadores.
El juicio político es un procedimiento de control y sanción contra altos funcionarios cuando sus actos u omisiones redunden en perjuicio de los intereses públicos. Este acto es llevado por el Poder Legislativo local o federal y sus sanciones son administrativas, como destitución inmediata o inhabilitación temporal o definitiva.
La mayoría de las solicitudes de juicio político terminan congeladas o desechadas en las comisiones de los poderes legislativos ante la falta de acuerdos. Solo de septiembre de 2024 a mayo de este año, se interpusieron 57 solicitudes de juicio político, y hasta ahora ninguna de ellas ha avanzado.
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Los últimos procesos
El más reciente es el del Congreso de Nuevo León. El pasado 8 de junio, la dirigente estatal de Morena, Anabel del Roble Alcocer, junto con aspirantes a la gubernatura por ese partido, como Tatiana Clouthier y Clara Luz Flores, presentaron una solicitud de juicio político en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda.
La petición se sustentó en información pública e investigaciones periodísticas que señalan una posible triangulación de recursos públicos. De acuerdo con estas versiones, empresas contratistas del gobierno estatal presuntamente recibieron fondos públicos que posteriormente transfirieron a despachos jurídicos vinculados con el gobernador.
La solicitud fue respaldada con los votos del PAN y del PRI en la Comisión Anticorrupción del Congreso local, la cual ya pidió al mandatario comparecer de forma presencial o por escrito a más tardar el 23 de junio.
La petición llegó dos meses antes del arranque del proceso electoral 2027, en el que se elegirán a 17 gobernadores, entre ellos el de Nuevo León.
El gobernador de Samuel García enfrentará un proceso de juicio político tras la resolución aprobada por el Congreso local.(Foto: Facebook/ Samuel García)
Al caso se suma el de Coahuila, donde el Partido del Trabajo (PT) impulsó una demanda de juicio político en contra del gobernador priista Manolo Jiménez en la Cámara de Diputados. La petición fue hecha por el petista Ricardo Mejía por presunta intervención ilegal del mandatario estatal en las elecciones locales del pasado 7 de junio.
El también diputado acusó que el gobernador y el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, consintieron actos de represión en contra de militantes de Morena y del PT en la jornada electoral. Ello porque, señaló, fueron detenidos y privados de su libertad por la policía estatal.
“El gobernador instruyó a la policía del estado para que reprimiera, secuestrara, golpeara y torturara a candidatos, dirigentes y operadores de Morena y del Partido del Trabajo”, declaró el pasado 12 de junio.
Además, acusó que los programas sociales del estado se siguieron repartiendo, pese al proceso electoral, de forma indiscriminada, lo que, aseveró, violó la equidad en la contienda.
En las pasadas elecciones estatales, el PRI ganó las 16 diputaciones por mayoría relativa, mientras los partidos de oposición (PAN, PT, Morena, MC) no lograron ninguna curul.
Manolo Jiménez venció a Morena en el último proceso electoral estatal en Coahuila. (Foto: Manolo Jiménez Salinas/Facebook)
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A ello se agrega que hace semanas Morena también presentó una solicitud de juicio político contra la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, en la Cámara de Diputados.
Fueron 11 legisladores locales morenistas que solicitaron iniciar este procedimiento constitucional contra mandataria local por infringir las leyes nacionales, internacionales y acuerdos con países extranjeros en materia de cooperación de seguridad.
Esto porque Morena ha acusado a la panista de haber permitido la entrada de agentes de la CIA para hacer labores de seguridad, cuando es una actividad que solo le compete a los mexicanos.
Aunque los morenistas solicitaron este procedimiento contra la gobernadora, no acudieron a San Lázaro a ratificar la petición, por lo que quedó sin efectos la petición.
Chihuahua se ha convertido en territorio panista desde 2016, pues los últimos dos gobiernos han sido encabezados por ese partido. Por ello, se ha convertido para Morena en una de los principales estados para ganar este 2027.
Maru Campos fue acusada por morenistas de traicionar a la patria. (Foto: Especial )
A este grupo de solicitudes de juicio político está la que presentaron los legisladores panistas en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por su presunta relación con el Cártel de Sinaloa.
Esta solicitud se presentó luego de que autoridades de Estados Unidos pidieron a México la extradición del morenista, ya que presuntamente protegió a “Los Chapitos”, facción del Cártel Sinaloa, a cambio de sobornos y apoyo político.
Estados Unidos presentó formalmente una solicitud de detención provisional con fines de extradición con Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa.(Foto: Graciela López Herrera/ Cuartoscuro)
Casos pasados
Existen casos donde el proceso de juicio político avanzó, pero no concluyó. Uno de ellos fue Rosario Robles Berlanga, quien fue señalada por el caso conocido como “La Estafa Maestra”.
En total fueron cuatro solicitudes de juicio político contra la exsecretaria de Estado y fueron presentadas por Morena, PAN, PRD y PT.
En 2020, cuando Morena y aliados tenían mayoría, la Cámara de Diputados aprobó el juicio político contra Robles Berlanga, pero los legisladores aceptaron que este procedimiento no tenía la intención de sancionarla, sino, dijeron, era para “dar el ejemplo”. El Senado nunca se erigió en Cámara de sentencia para la sanción y hasta ahí llegó el caso.
Rosario Robles quedó absuelta de todos los cargos. (Cuartoscuro Archivo)
El desafuero de AMLO
Uno de los casos más sobresalientes de políticos usando procesos para desactivar a sus opositores fue en 2005... en contra de Andrés Manuel López Obrador. Esa vez no fue solicitud de juicio político, sino una declaración de procedencia para retirarle el fuero constitucional al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal.
En ese entonces la presidencia estaba en manos del panista Vicente Fox, y López Obrador subía en reconocimiento electoral, por lo que ya se perfilaba para ser candidato presidencial en 2006 por el PRD.
En 2005, la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Rafael Macedo de la Concha, presentó una solicitud de declaración de procedencia contra López Obrador por el delito de desacato. Ello porque no cumplió con la orden de un juez federal de suspender la construcción de una vialidad de acceso para un hospital privado en Santa Fe, pues los propietarios del terreno, que se expropió para este acto, tramitaron un amparo.
En esa ocasión, diputados del PAN y del PRI se unieron y avalaron desafuero del entonces jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. Con ello le retiraron la protección constitucional para que las autoridades los juzgaran por el delito de desacato, pero el proceso penal no llegó por las protestas a favor de López Obrador.
Andrés Manuel López Obrador fue desaforado antes de ser candidato en 2006. (Cuartoscuro)
