De acuerdo con la Semarnat, la mayoría de las comunidades consultadas respaldó el proyecto. Entre las localidades que manifestaron su consentimiento estuvieron San Miguel Zapotitlán, Mochicahui, Charay, Vallejo, La Florida, Carrizo Grande, 5 de Mayo, El Colorado, San Isidro, Salsipuedes y Cerro Cabezón.
Mientras que las comunidades asentadas directamente alrededor de la Bahía de Ohuira, especialmente Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas, lo rechazaron.
¿Por qué rechazan la planta?
Los pobladores apuntan que las comunidades asentadas alrededor de la Bahía de Ohuira son un sistema lagunar reconocido por su riqueza pesquera, biodiversidad y presencia de humedales costeros, por ello se oponen al proyecto, ya que consideran que la instalación industrial puede generar riesgos ambientales asociados al almacenamiento, producción y transporte de amoniaco anhidro, una sustancia considerada peligrosa en caso de fugas o accidentes.
Entre las preocupaciones se encuentran las alteraciones químicas en la bahía, afectaciones a peces, moluscos, crustáceos y aves costeras, así como impactos sobre actividades económicas como la pesca, el turismo y la recreación.
Defienden, además, que la Bahía de Ohuira forma parte de un ecosistema de alta sensibilidad ecológica vinculado al sitio Ramsar, incluido en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, donde habitan especies marinas emblemáticas de la región, incluidos delfines, además de extensas zonas de manglar.
Por ello consideran que la planta pone en riesgo no solo recursos naturales, sino también elementos centrales de la identidad cultural y territorial del pueblo mayo-yoreme.
Semarnat compromete diálogo con las comunidades
Ante las recientes protestas, la Semarnat emitió este jueves un posicionamiento público en el que reiteró que mantiene acciones permanentes de supervisión ambiental y diálogo con las comunidades.
La dependencia federal subrayó que la autorización ambiental vigente corresponde a la emitida en septiembre de 2022 y que su cumplimiento continúa sujeto a vigilancia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que mantiene procedimientos administrativos abiertos y acciones de inspección relacionadas con el proyecto.
En tanto, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, señaló que el gobierno federal continuará fortaleciendo los mecanismos de atención comunitaria y seguimiento ambiental en la región e informó que, tanto en 2025 como en 2026, las autoridades han realizado recorridos para escuchar planteamientos y dar seguimiento a preocupaciones relacionadas con la pesca, la biodiversidad, los manglares y los ecosistemas de la región, así como observaciones respecto a permisos y autorizaciones otorgados previos a esta Administración.
El respaldo del sector agrícola
Mientras organizaciones ambientalistas exigen cancelar el proyecto, productores agrícolas de Sinaloa salieron públicamente en su defensa.
Representantes del sector sostienen que la planta permitirá reducir la dependencia de fertilizantes importados y garantizar el suministro de insumos estratégicos para la producción de alimentos.
Argumentan que el amoniaco constituye una materia prima esencial para la elaboración de fertilizantes utilizados en granos, hortalizas y otros cultivos que colocan a Sinaloa entre los principales productores agrícolas del país.
Además, consideran que la inversión puede traducirse en empleos, derrama económica e infraestructura para la región norte del estado.
