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México y Estados Unidos ‘cercan’ a políticos vinculados con el narco

A 15 días de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, dos políticos se entregaron. En México, la UIF revisa las cuentas de todos los señalados.
sáb 16 mayo 2026 07:00 AM
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El gobierno de Estados Unidos acusó a 10 políticos mexicanos de delitos relacionados con el narcotráfico y armas. (Fotos: Cuartoscuro.)

Los gobiernos de México y Estados Unidos están “cercando” a la red de políticos mexicanos acusados de narcotráfico y armas. A Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y al senador Enrique Inzunza les revisaron sus cuentas.

En tanto que al exsecretario de Seguridad sinaloense, Gerardo Mérida, lo detuvieron integrantes del Servicio de Alguaciles, mientras que Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas, se entregó ante la justicia estadounidense, todo pasó a 15 días de que el Departamento de Justicia vinculara a los mexicanos con el Cártel de Sinaloa.

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El lunes 11 de mayo vino el primer golpe contra la red de 10 políticos, aunque se conoció hasta este viernes 15.

Mérida Sánchez, quien fue señalado de dar información a “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa para que pudieran evadir operativos contra laboratorios, fue detenido en Arizona.

“El Gabinete de Seguridad informa que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el 11 de mayo, y cruzó por el puerto de entrada de Nogales hacia Arizona, donde fue detenido por @USMarshalsHQ”, publicó en sus redes sociales el gabinete de seguridad.

El Departamento de Justicia señaló que como secretario de Seguridad, Mérida recibió sobornos de “Los Chapitos”, una agrupación encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

"Como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sánchez recibió sobornos de 'Los Chapitos' y, a cambio, proporcionó a 'Los Chapitos', entre otros elementos, notificaciones previas de las redadas de las autoridades del orden público en los laboratorios de drogas, para que 'Los Chapitos' pudieran trasladar sus drogas y el equipo de laboratorio antes de las redadas", dice la acusación de EU”, dice la acusación.

Este viernes, también se entregó ante autoridades estadounidenses Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas, quien fue señalado de haberse reunido con Iván y Alfredo Guzmán, hijos de “El Chapo”.

“En una de esas reuniones, Díaz entregó a los líderes de ‘Los Chapitos’ una lista de los oponentes de Rocha Moya y sus respectivas direcciones, para que ‘Los Chapitos’ pudieran intimidar a dichos oponentes y obligarlos a retirarse de la contienda electoral”, dice la acusación del Departamento de Justicia.

Con la detención de Mérida Sánchez y entrega de Díaz se reduce a ocho la lista de los acusados desde Estados Unidos, pero que el gobierno de México no ha procedido a su detención provisional con fines de extradición solicitada por la justicia estadounidense por falta de pruebas.

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En México, se difundió desde las primeras horas del viernes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había bloqueado las cuentas de Rocha y los otro nueve funcionarios señalados por Estados Unidos.

El tema llegó a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que no tenía conocimiento de que la UIF, a cargo de Omar Reyes Colmenares, hubiera bloqueado las cuentas de los políticos.

“No tenía conocimiento, hoy no lo pregunté, no tengo mayor conocimiento. Les vamos a pedir que informen, si es que hubo algo de eso”, dijo Sheinbaum.

Pero aclaró que si la UIF encuentra alguna irregularidad, procede con el congelamiento de cuentas. En el gobierno de Sheinbaum, la UIF ha congelado 5,000 millones de pesos.

Alberto Guerrero, experto en seguridad, considera que las entregas de estos dos exfuncionarios tiran el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguraba que no había pruebas de las acusaciones.

“La narrativa del gobierno mexicano se cae a pedazos porque el argumento jurídico es contundente… en estas circunstancias la defensa inútil que está haciendo la presidenta y todo su equipo de un tema que eminentemente tiene los candados jurídicos bien puestos”, plantea.

La verdad es que está cayéndose estrepitosamente la versión del gobierno mexicano"
Alberto Guerrero, experto en seguridad.
(Obligatorio)

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También hubo renuncias

Cuando las acusaciones llegaron desde Estados Unidos, algunos de los señalados aseguraron que eran falsas.

"Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno", escribió Rocha en sus redes sociales.

Sin embargo, horas después presentó su solicitud de licencia ante el Congreso de Sinaloa para separarse temporalmente de su cargo.

“Tengo la conciencia tranquila, una vida de trabajo respalda mis palabras, lo digo clara y contundentemente, son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra”, dijo el político que llegó al cargo abanderado por Morena.

Luego vino la petición de Juan de Dios Gámez Mendívil para separarse del cargo como alcalde de Culiacán.

El 5 de mayo, el vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, solicitó licencia temporal de su cargo. Al vicefiscal se le señaló de recibir sobornos a cambio de dar protección a “Los Chapitos”.

“En su calidad de vicefiscal general de Sinaloa, Saavedra ha recibido sobornos mensuales de los Chapitos. A cambio, Saavedra ha protegido a los miembros de ‘Los Chapitos’ para que no fueran detenidos y les ha informado de las operaciones de las fuerzas del orden público planeadas con el respaldo de los Estados Unidos, incluidas informaciones sobre operaciones de las fuerzas del orden público dirigidas contra los laboratorios de drogas y los miembros de ‘Los Chapitos’, de modo que estos pudieran destruir o trasladar las pruebas de las actividades de tráfico de drogas antes de dichas operaciones”, dijo.

Negociaciones con EU pueden traer más acusaciones

Guerrero considera que los dos exfuncionarios que están bajo la jurisdicción de Estados Unidos, seguro buscaron acuerdos para obtener beneficios legales, pero ello puede representar un riesgo para otros por los señalamientos que pueden hacer ante autoridades estadounidenses.

“Tiene como un objetivo por principio de cuentas evitar una cadena perpetua, aunque la pena mínima es de 40 años. Obviamente habrá algún tipo de negociación para ser testigos protegidos y vendrá la caída en cascada de diferentes personajes que están implícitos no solamente en este proceso, sino en varias acusaciones más”, sostiene.

Por ejemplo, dice Enrique Díaz Vega es clave para conocer la ruta de los recursos que presuntamente llegaban al gobierno de Rocha Moya procedentes de “Los Chapitos”.

“El caso de Mérida no solamente pone a temblar a Rocha Moya por todo lo que implica el conocimiento de la estrategia, todo el dinero que se manejó por el otro lado la omisión y la colusión de las fuerzas del orden, sino que ahora también pone a temblar a varias estructuras de otras entidades”, agrega.

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