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Autoridades aceleran investigación de agentes en Chihuahua, mientras dan seguridad a Rocha Moya

La FGR ya citó a declarar a alrededor de 50 funcionarios por el operativo en Chihuahua donde participaron agentes de la CIA. Mientras tanto, el gobierno cuestiona la urgencia de EU en el caso Rocha Moya.
mar 05 mayo 2026 05:10 PM
Mientras dan seguridad a Rocha Moya, autoridades aceleran investigación por agentes de la CIA en Chihuahua
Este lunes, desde Sinalora, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch confirmó que el gobernador Rocha Moya cuenta con un grupo de escoltas. (Foto: Cuartoscuro)

Autoridades federales aceleraron en las últimas horas las investigaciones relacionadas con el operativo en la sierra Tarahumara el 19 de abril –en el que murieron dos agentes de Estados Unidos tras presuntamente participar en un operativo–. Este lunes, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que citó a declarar a alrededor de 50 funcionarios de Chihuahua como parte de las indagatorias.

Mientras tanto, en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y los nueve funcionarios señalados en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, el gobierno federal informó este lunes que se le otorgaron medidas de seguridad federal al mandatario estatal por considerar que enfrenta un nivel de riesgo, en tanto que cuestionó la urgencia con la que se ha pedido su detención.

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La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó durante su conferencia matutina la premura con la que el Departamento de Justicia estadounidense solicitó acciones en contra de los funcionarios mexicanos, al tiempo que subrayó la necesidad de contar con pruebas sólidas.

Cabe recordar que el operativo en Chihuahua, registrado el pasado 19 de abril en una zona serrana, derivó en un accidente con saldo de cuatro personas fallecidas, incluidos dos ciudadanos estadounidenses.

A partir de estos hechos, las autoridades abrieron diversas líneas de investigación que abarcan tanto la actuación de las fuerzas locales como la posible intervención de los agentes extranjeros sin los mecanismos formales de cooperación.

En este contexto, la FGR activó una serie de diligencias que incluyen citatorios, revisión de cadenas de mando y análisis de responsabilidades administrativas y penales, por lo que alrededor de 50 funcionarios ya fueron llamados a declarar.

Este caso también reactiva el debate sobre los límites de la cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, particularmente en torno a la presencia de agencias como la CIA en operativos dentro del territorio nacional.

Autoridades federales señalan que cualquier actuación extranjera debe apegarse a los acuerdos vigentes y a la autorización expresa del Estado mexicano.

Ante esta situación, la presidenta Sheinbaum insistió este lunes en que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no ha dado información adicional a lo que se conoce públicamente, por ello la FGR investiga el caso para “que se revise si hay una violación a la Constitución o a las leyes”.

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En contraste, frente al caso Rocha Moya, la FGR indicó que, hasta el momento, no cuenta con elementos suficientes para proceder de manera inmediata y que solicitará información adicional a las autoridades estadounidenses para robustecer la carpeta de investigación.

Además, la presidenta cuestionó la premura con la que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la detención de los funcionarios mexicanos.

“¿Por qué tanta urgencia?”, planteó, al subrayar que no se han presentado pruebas suficientes que acrediten el riesgo de fuga u obstaculización del proceso, requisito indispensable para una detención provisional con fines de extradición.

"Nunca en la historia, nunca habían pedido 'con urgencia una orden de aprehensión contra un gobernador en funciones', nunca", expresó la presidenta.

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Sheinbuam reprochó además que en el caso de Rocha Moya se violó el principio de confidencialidad. Al respecto, la consejera jurídica presidencial, Luisa María Alcalde, expresó este lunes que los procesos de extradición deben ser entregados por la parte requiriente a la Secretaría de Relaciones Exteriores de manera confidencial, porque se requiere preservar el debido proceso y la presunción de inocencia; de tal manera que se evite la exposición mediática prematura que pueda sesgar a las autoridades y contaminar las pruebas.

Sin embargo, dijo, en este caso, dicha confidencialidad se violentó provocando un linchamiento mediático y que los medios de comunicación hayan emitido ya un juicio sobre las 10 personas acusadas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó que el gobierno federal haya tenido o tenga “indicios” de supuestos vínculos entre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el crimen organizado, como acusa Estados Unidos, y aseguró que siempre hubo coordinación en materia de seguridad en el estado, sin obstrucciones.

Además, el funcionario aseguró que Rocha Moya no salió de Sinaloa, que no cuenta con fuero constitucional y que está bajo protección de escoltas de la Guardia Nacional, aunque no hay indicios de que enfrente alguna amenaza.

Es así que, mientras que en el caso Chihuahua se desplegaron ya citatorios, revisiones internas y posicionamientos en un corto plazo, la investigación sobre Rocha Moya permanece en una fase inicial de acopio de información, sin medidas cautelares anunciadas ni plazos definidos para su resolución.

En el caso Chihuahua también se involucran posibles implicaciones internacionales por la participación de los agentes extranjeros, así como la actuación de las autoridades estatales, lo que deriva en pronunciamientos inmediatos. Con Rocha Moya, las autoridades insisten en que cualquier procedimiento debe cumplir con estándares probatorios nacionales.

Ante los cuestionamientos por el actuar de las autoridades en ambos casos, la presidenta Sheinbaum expresó este lunes que se vino una campaña en los medios, en las redes, la cual –acusó– fue promovida principalmente por algunos medios que "siempre hablar mal del gobierno" y la oposición.

Maru Campos cuestiona a Rocha Moya

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, cuestionó que al mandatario con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, señalado por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, se le defienda a "capa y espada", sin embargo es atacada por desmantelar un narcolaboratorio.

"A uno se le se habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegue a las familias, a nuestras niñas y a nuestros niños, y al otro se le defiende a capa y espada", comentó en un evento por el aniversario de la Batalla de Puebla.

Casi de inmediato, Ariadna Montiel, la nueva presidenta de Morena, le respondió que eso no es investigado, sino la participación de agentes de Estados Unidos en el operativo.

"La Gobernadora (Maru Campos) miente. La investigación en #Chihuahua no es por desmantelar un narcolaboratorio; el Gobierno de México ha desmantelado más de 2,500 en todo el país. El fondo es otro: provocar la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, violentando la Constitución y la soberanía de México. Eso es traición a la Patria. Usted debe ser juzgada. ¡Verdad, justicia y defensa de la soberanía!", escribió en redes sociales.

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