Morena señala desacato político
Después de que la gobernadora panista canceló su asistencia en el Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta, Ignacio Mier, calificó esta acción como “desacato político”.
“Lo consideramos solamente un desacato político en el terreno político institucional, que establece que el Senado de la República (en) el artículo 76 es claro, aprobamos la política exterior y evaluamos los tratados comerciales y bilaterales que celebra el gobierno mexicano”, dijo el senador.
Comentó que la inasistencia de la panista la llevarán a la Agenda Política del Senado, por lo que habrá pronunciamientos de las bancadas sobre el tema. Este encuentro era para explicar la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua.
Al ser cuestionado sobre la petición de los diputados del PT sobre que haya juicio político contra la mandataria estatal por presunta “traición a la patria”, el morenista no lo descartó, pero aclaró que la petición debe desprenderse de una investigación de la Fiscalía General de la República.
“No podemos anticiparnos. Tiene que agotarse la investigación, en su caso judicializarse, y una vez que esté judicializado, ya se revisará qué es lo que procede, pero no podemos anticipar. Corresponderá a la Fiscalía determinar el alcance de esa confesión pública”, explicó.
Agregó que la Unidad de Investigación que creó Maru Campos en el estado para indagar la presencia de agentes estadounidenses, “trasgrede lo establecido por la ley”, porque al ser delitos federales, se debió haber integrado la carpeta a través de la Fiscalía General de la República.
“Esa Unidad violenta el Código Penal”, dijo.
El senador Enrique Inzunza, quien es parte de una de las comisiones que recibiría a Maru Campos, señaló que la gobernadora de Chihuhua cometió “traición a la patria”, pero dijo que la facultad de investigación no le corresponde al Senado, sino a la FGR.
Comentó que si la Fiscalía, a cargo de Ernestina Godoy, comprueba que hubo “traición a la patria”, deberá solicitar el desafuero de la mandataria estatal ante la Cámara de Diputados para poder ser juzgada.