Mujeres privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil (Cefereso) 16 no tienen acceso a servicios de salud, medicamentos, servicios de ginecología y odontología, denunció la organización CEA Justicia Social.
La falta de estos servicios se ha agravado desde que el Gobierno federal impulsa una estrategia de traslados de personas presas a otras cárceles para “mantener la gobernabilidad de los centros penitenciarios”, expuso la organización.
Esto ha provocado que en algunas prisiones aumente la población, pero no el personal ni los espacios para la atención médica.
De acuerdo con datos difundidos en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, 8,740 personas privadas de su libertad fueron trasladadas a otros centros penitenciarios entre 2019 y 2022. Mientras que de enero a julio de 2023 se cambió de cárcel a otras 3,341 personas.
En septiembre del año pasado, varias mujeres de prisiones de distintas entidades federativas fueron trasladadas al Cefereso 16, y desde entonces, la organización ha registrado violaciones graves a sus derechos humanos.
“Hemos documentado que desde que las mujeres fueron ingresadas al Centro se les ha negado atención médica, acceso a medicamentos, tratamientos adecuados y de calidad, aún en casos que se requiere atención urgente”, alertó CEA Justicia Social.
Sin embargo, advirtió, esta práctica es sistemática y afecta a las 1,217 mujeres privadas de la libertad en el Cefereso 16, ubicado en municipios de Coatlán del Río, en el estado de Morelos.
Incluso, recordó, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación el 23 de marzo de este año porque en el centro penitenciario se negó la atención médica a 404 mujeres que en septiembre de 2022 se intoxicaron tras consumir alimentos en mal estado.
“Hasta la fecha, no se ha garantizado el servicio de alimentos de calidad, ya que se proporcionan raciones insuficientes, frecuentemente en estado de descomposición y el acceso al agua potable es restringido”, señaló en un comunicado.
CEA Justicia Social expuso que a las mujeres tampoco se les proporcionan artículos de higiene personal, como toallas sanitarias y papel de baño. Además, se les restringen las llamadas telefónicas con sus familiares y redes de apoyo.
Estas acciones atentan contra el respeto a la dignidad humana y ponen en riesgo la vida de las usuarias del Cefereso 16. “La falta de respuesta por parte de las autoridades es un indicio de que las mujeres se enfrentan a tratos crueles, inhumanos o actos de tortura”, sostienen.
Ante estos tratos, CEA Justicia, otras 12 organizaciones civiles y familiares de las internas han demandado al Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, encargado del Cefereso 16, y a la Comisión Intersecretarial para la Reinserción Social y Servicios Post Penales resolver las necesidades de salud física y mental de las mujeres privadas de la libertad.
Exigen, además, proporcionar de manera permanente atención médica general y especializada, medicamentos de calidad, gratuitos y en buenas condiciones, y diagnósticos médicos a las internas, con acceso a sus expedientes clínicos.
También solicitan al organismo que rinda cuentas sobre el compromiso de “conformar una estructura sanitaria para las internas”, pactado en su sesión ordinaria del 14 de febrero de 2023. Así como establecer una mesa de trabajo con organizaciones de la sociedad civil y familiares para diseñar e implementar una ruta de acción que atienda de manera integral las necesidades de las usuarias.
“Exigimos a las autoridades judiciales correspondientes garanticen el derecho de las mujeres usuarias del Centro a ser trasladadas a la prisión más cercana a su domicilio o de su familia en caso de contar con sentencia, y en caso de estar en proceso, al lugar en donde se esté llevando a cabo su proceso penal”, agregaron en un pronunciamiento.
