La inscripción
Las personas que deseen votar en la próxima contienda federal deberán estar inscritas en la Lista Nominal, y no estar suspendida en sus derechos político-electorales y manifestar su intención de derecho al voto.
Las autoridades de la Secretaría de Protección Ciudadana proporcionarán al INE una base de datos de las personas privadas de su libertad en los CEFERESO, y que se encuentren en prisión preventiva, que contenga al menos: nombre(s), apellido paterno, apellido materno, sexo, fecha y lugar de nacimiento.
Para materializar este derecho, se deberá llevar a cabo un esfuerzo conjunto entre el INE, las juntas locales y distritales, los OPLEs, así como las autoridades penitenciarias y de seguridad pública de los diversos niveles de gobierno.
“Sin el apoyo y la coordinación de esas autoridades penitenciarias, no hay Programa de Voto en Prisión Preventiva; porque eso no depende del INE, dependemos de ellos”, anotó a su vez la consejera Norma de la Cruz.
Recordó que tras el mandato del TEPJF, el INE ha adquirido la responsabilidad y el encargo de garantizar que todas las personas recluidas a las que no se les haya suspendido sus derechos, tengan la posibilidad de emitir su voto el próximo 2 de junio de 2024.
De tal suerte, anotó, será la primera vez que las personas que se encuentran en prisión preventiva, tenga la posibilidad de votar para elegir a la próxima o próximo titular de la Presidencia de la República.
“Con corte de agosto de 2023, hablamos de alrededor de 90,792 personas recluidas preventivamente en 282 centros penitenciarios de todo el país. En ese universo de personas y cedes, se implementará la modalidad de voto anticipado, siempre y cuando las condiciones de seguridad e infraestructura, así lo permitan”, resalta.
¿Qué requisitos deberán tener los centros penitenciarios?
De acuerdo al consejero Martin Faz, para este proceso de voto anticipado serán contemplados los centros penitenciarios que a más tardar este mes de noviembre cuenten con condiciones de seguridad e infraestructura para la instalación de las mesas receptoras, la difusión del ejercicio y la entrega de invitaciones para el registro.
Aclaró que el escrutinio y cómputo del voto anticipado se llevará a cabo en las mesas receptoras aprobadas por los consejos distritales, mientras que el INE y los OPLES realizarán la incorporación de los resultados a cada tipo de elección.
Población penitenciaria en cifras
Al corte de julio de este año, el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023 del INEGI, sobre el estatus jurídico de las personas privadas de la libertad o internadas en los centros penitenciarios y centros especializados, señala que en 2022, había 88,172 personas sin sentencia o medida cautelar de internamiento preventivo.
Otras 26,653 con sentencia no definitiva, 111,162 contaron con sentencia definitiva, en tanto que en 3,129 personas, no se identificó su estatus.
En 2022, 39% de la población privada de la libertad o internada no contó con una sentencia. En el caso de los hombres, es del 38.4% y de las mujeres, 49.3%.
Y conforme al censo referido, del total de la población privada de la libertad sin sentencia, 50.2% se encontraba en prisión preventiva oficiosa; 23.9% en prisión preventiva justificada; 11.4% en otro supuesto jurídico y en un 14.5% no se identificó el tipo de estatus jurídico.
