Estas nuevas disposiciones se refieren a mayores exigencias de información que se establecieron ahora para cada operación, responsabilidad estricta para agentes aduanales, aumento potencial de sanciones, ampliación de facultades de detención y aseguramiento de mercancías, suspensión de numerosos agentes y "creación de un nuevo Consejo Aduanero”.
Esas reformas las identifica como restricciones que limitan la entrada de algunos bienes a puertos específicos y además hace un señalamiento sobre el límite de operación que se impuso en cuatro puertos para ciertos agentes aduanales.
En el capítulo que el NET ubicó para el capítulo México se ubica la inversión en el sector energético, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y PEMEX.
Se destaca aquí la reforma constitucional aprobada a fines de 2024 que reclasificó a ambas como “empresas públicas”, y las reformas de 2025 para establecer que la CFE debe tener participación mínima de 54% de propiedad en proyectos de generación con inversión mixta, escenario que, junto con decisiones en materia judicial “limitan la capacidad de empresas privadas de Estados Unidos para operar en el sector”.
A eso se añaden otras reglas emitidas en octubre pasado en la Ley del Sector Hidrocarburos, que redujeron la vigencia de nuevos permisos de importación de 20 a 5 años y la de permisos de comercialización de 30 a 2 años, además de señalar adeudos de PEMEX con proveedores superiores a 2.5 mil millones de dólares al cierre de 2025.
“El capítulo añade la legislación sobre litio, que reservó al Estado mexicano, a través de LitioMx, la exploración, explotación y aprovechamiento de ese mineral, así como las restricciones a la inversión extranjera en sectores donde la ley mexicana mantiene cierres o límites de participación para capital foráneo”, exponen los analistas al considerar que para el país vecino no hay caminos para invertir en materia de energía y minería en México.
Hay otras barreras que Estados Unidos ubicó en su NET y estas se refieren al régimen sanitario y regulatorio, pues vio “retrasos de entre 18 y 24 meses en registros sanitarios y permisos de importación para dispositivos médicos, insumos y farmacéuticos”.
También se tomó como referencia la persistencia de demoras en registros y renovaciones de plaguicidas y químicos agrícolas ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Además el documento identificó “obstáculos técnicos al comercio” y “medidas sanitarias y fitosanitarias” y señala reglas en materia de compras públicas, propiedad intelectual, servicios, inversión, prácticas de no mercado, trabajo y medio ambiente en las que se prevé de acuerdo a los analistas, que se ponga énfasis en la negociación.
