Una de las principales demandas de los manifestantes es el reforzamiento de la seguridad en las carreteras, ya que denuncian robos y extorsiones durante sus trayectos.
Por ello, exigen que la Guardia Nacional se despliegue de forma permanente en los tramos más inseguros y que se instalen paraderos vigilados con tecnología de rastreo y blindaje.
Además, los inconformes piden la reducción de los precios de los combustibles y de los peajes. Solicitan también créditos con garantía líquida a través de la banca de desarrollo, así como su inclusión en el IMSS Bienestar , con cobertura para enfermedades crónicas derivadas de su trabajo y programas de vivienda adaptados a sus ingresos.
Asimismo, demandan la creación de un fondo de seguros de vida para los transportistas y pensiones vitalicias para las viudas de aquellos que mueran en cumplimiento de su deber o por la violencia.
Este no es el primer paro nacional realizado por los transportistas y los trabajadores agrícolas. Desde 2024, en tres ocasiones previas ya realizaron bloqueos masivos para exigir más seguridad en las carreteras, pues denuncian agresiones y ataques durante sus recorridos.
En febrero de 2025, por ejemplo, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) denunció ataques de grupos delincuenciales en varios estados del Bajío, lo que resultó en la quema de 200 tráileres y la muerte de seis chóferes.