Las elecciones del Poder Judicial de 2025 estuvieron “capturadas” por el Poder Ejecutivo federal y estatal sin importar si este último era encabezado por Morena o por la oposición, según el informe Elecciones Judiciales 2025 Balance diagnóstico .
De acuerdo con el documento, elaborado por organizaciones civiles, este proceso electoral estuvo marcado por el “dominio abrumador y sistemático” del Poder Ejecutivo federal en los resultados, lo que –advierte– compromete la independencia judicial.
“Sin duda, el hecho de que el Poder Ejecutivo tenga la mayor parte de las personas electas para el Poder Judicial influye en parte de la captura del Poder Judicial federal para las decisiones. Esto se replicó a nivel estatal, pero con los ejecutivos locales”, sostuvo Miroslava Ortiz, directora del Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA).
Señaló que la “captura” tiene implicaciones en la calidad de justicia, en la independencia de las decisiones y en la imparcialidad en la toma de decisiones de los jueces y magistrados.
Arturo Espinosa Silis, fundador de Laboratorio Electoral , sostuvo que a ningún gobernante le va a parecer una mala idea tener al Poder Judicial de su lado.
"El ejemplo de eso es lo que hicieron los estados de oposición con las elecciones locales. No hay ninguno que haya dicho 'voy a ser un mejor modelo y yo sí voy a voy a buscar la total autonomía'", comentó el experto electoral.
A nivel federal, el 65% de los magistrados federales electos debe su cargo a la postulación del comité del Poder Ejecutivo, ya sea en solitario o en “alianzas estratégicas”.
“Esta cifra no representa una simple mayoría; es la evidencia numérica de una hegemonía institucional que convirtió al proceso electoral en un mecanismo de ratificación, no de competencia”, sostiene el informe.
El documento, presentado por la Fundación Konrad Adenauer , sostiene que, frente a este dominio del Poder Ejecutivo, la capacidad de incidencia real de los otros Poderes del Estado es simbólica, ya que el Legislativo y el Judicial solo lograron colocar de manera conjunta o individual al 29% de los ganadores.
En las magistraturas federales, añade, el Poder Ejecutivo también influyó. El informe señala que en el 59% de los jueces federales electos fueron postulados por ese poder; el 31% de los ganadores fueron postulados por el Legislativo y Judicial y el 10% ya estaba en funciones.
“La evidencia es contundente: en 21 de los 32 estados la mayoría de los jueces federales electos fueron postulados por el Poder Ejecutivo, ya sea en solitario o en alianza con otros poderes, demostrando una capacidad de influencia predominante a lo largo y ancho del país”, se menciona en el informe.
Además, las organizaciones identificaron que la selección de candidatos a nivel estatal, en particular los del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), se distinguió por la improvisación y la ausencia de metodologías, lo que permitió la incorporación de perfiles cuestionables.
El 25% de los candidatos que analizaron fueron clasificados como “persona de interés” por sus vínculos con líderes políticos –principalmente con los titulares del Poder Ejecutivo– afiliación o militancia partidista, lazos familiares con esferas de poder o tuvieron señalamientos de corrupción o vínculos con el crimen organizado.
La concentración geográfica de aspirantes considerados de riesgo fue significativa en Tamaulipas con el 50% de sus postulaciones; Michoacán y Colima, 41.7% cada uno. En números absolutos, Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México y Tamaulipas acumularon seis casos cada uno y Colima, cinco, según el informe.
Es decir, estos “candidatos de interés” se registraron en los estados sin importar si estaban encabezados por la oposición o por Morena.
En nueve de los 19 estados donde se llevaron a cabo elecciones judiciales locales, las organizaciones identificaron que los integrantes de los Tribunales de Disciplina Judicial provienen de consejeras jurídicas o secretarias de Gobierno del gobernador en turno.
“No llegaron candidatos que tuvieran experiencia jurisdiccional en materia de responsabilidad, sino que esto permitió que hubiera personas con respaldo político”, señaló Miroslava Ortiz, directora del Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA).
La experta en materia de seguridad señaló que hay tres fallas que encontraron en el proceso, como la ausencia de controles para asegurar nombramientos a partir de los méritos; opacidad y tiempos irregulares, así como militancias políticas por parte de los candidatos.
“Es posible identificar una tendencia que evidencia un uso instrumental de los nombramientos judiciales como una moneda de negociación política y lealtades partidistas. Hay un diseño institucional que dificulta la construcción de un Poder Judicial profesional e imparcial, porque encontramos factores de riesgo ”, sostuvo Miroslava Ortiz.
Por ejemplo, en Aguascalientes, gobernado por la panista Teresa Jiménez, Alicia Núñez Medina, quien ganó la presidencia del TDJ, viene de un cargo de confianza como vicefiscal jurídico de la Fiscalía General del Estado, después de desempeñarse por años como asesora del PAN en el Poder Legislativo.
Este documento llamado “Elecciones Judiciales 2025 Balance diagnóstico” es un informe colaborativo e interdisciplinario. El documento fue elaborado por organizaciones de la sociedad civil, universidades y participaron: CICA, el ITESO , la Universidad Jesuita de Guadalajara, Juicio Justo, Laboratorio Electoral, México Evalúa , la Universidad Estatal de Florida , la Universidad de Monterrey, así como el abogado e investigador Luis Tapia.
