Mujeres e infancias encabezan batalla legal
La Unidad Habitacional Morelos fue fundada en 1985 por familias reubicadas desde colonias marginadas de Cuernavaca y comunidades de Guerrero, algunas de ellas previamente afectadas por la minería.
A lo largo de más de cuatro décadas, sus habitantes construyeron de manera colectiva viviendas, pozos de agua, escuelas, parques y espacios comunitarios, consolidando un proyecto de vida basado en el arraigo territorial, el trabajo comunitario y el cuidado del entorno natural.
Sin embargo, ese proyecto hoy se encuentra en riesgo por parte del proyecto minero Esperanza Silver, integrado por seis concesiones que abarcan aproximadamente 2,949 hectáreas y que son impulsadas por las empresas Esperanza Silver de México, Alamos Gold Inc. y Zacatecas Silver.
De acuerdo con los pobladores y ambientalistas, se trata de una mina a cielo abierto que pretende extraer principalmente oro y plata, mediante procesos altamente contaminantes que incluyen por el ejemplo el uso de cianuro, y que tendría impactos en Xochitepec, Temixco, Miacatlán y otras zonas del sur de Morelos, incluida el área de influencia de la zona arqueológica de Xochicalco.
Si bien la fase de explotación no ha sido autorizada, ya se realizaron trabajos de exploración minera que han generado impactos ambientales.
En 2013, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la Manifestación de Impacto Ambiental por incumplimientos normativos y falta de disponibilidad de agua.
Posteriormente, en 2023, la propia Semarnat emitió un Dictamen Diagnóstico Socioambiental que reiteró que el proyecto es ambientalmente inviable, al advertir graves riesgos para la seguridad hídrica, la biodiversidad, la salud y el patrimonio cultural.
Ese mismo año, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) alertó sobre la presencia de altas concentraciones de arsénico y cobre en la zona, lo que implicaría daños irreversibles a la salud pública de continuar la
Pese a estos dictámenes oficiales y a que en 2023, el municipio de Xochitepec se declaró territorio libre de minería, las concesiones continúan vigentes.
La comunidad ha documentado además que ya se realizaron actividades de exploración minera, como perforaciones y construcción de socavones, que han generado impactos ambientales en el territorio.
Ante este escenario, un grupo organizado de mujeres e infancias, con respaldo comunitario, promovió en 2025 un juicio de amparo para solicitar la cancelación de las concesiones.
En la demanda se argumentó la violación al derecho humano al agua, al proyecto de vida colectiva y al derecho a la igualdad y no discriminación, señalando que la imposición del proyecto minero constituye una forma de racismo ambiental al concentrar los riesgos y las cargas de contaminación en una población históricamente empobrecida y excluida.
El Juzgado Segundo de Distrito en Morelos concedió una suspensión definitiva que ordenó detener la explotación minera mientras se resuelve el fondo del juicio, al considerar que existe riesgo de daño irreparable a los derechos fundamentales al agua y a un medio ambiente sano.
Actualmente, el caso se encuentra bajo revisión del Segundo Tribunal Colegiado de Distrito en Morelos, luego de que la Secretaría de Economía intentara revertir la medida cautelar.
La comunidad busca que la suspensión se amplíe también a las actividades de exploración y que, como reparación final, se ordene la cancelación judicial de las concesiones mineras. De lograrse, el caso no solo significaría una victoria para la Unidad Habitacional Morelos y sus colonias adyacentes, sino que podría sentar un precedente clave para la defensa del territorio y de los derechos colectivos frente a proyectos extractivos en contextos de alta vulnerabilidad socioambiental.
