Prohibir concesiones mineras en zonas con poca agua, propone Ejecutivo federal

La propuesta plantea reformas a la Ley Minera, Ley de Aguas Nacionales, Ley General de Equilibrio Ecológico y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en Materia de Concesiones y para Minería y Agua.

Minería y uso de agua

Otro de los principales cambios propuestos es la implementación de la figura de “concesión de agua para uso específico en minería”. Este permiso quedará sujeto a la disponibilidad de agua, tendrá una duración de 5 años, con posibilidad de prórrogas por igual periodo de tiempo.

Actualmente, según la exposición de motivos de la iniciativa, 66% de las concesiones de agua se ubican en acuíferos sin disponibilidad y 18.96% en acuíferos sobreexplotados.

Las concesiones mineras se deben cancelar, entre otras cosas, si no cuentan con la concesión de agua para minería vigente; por riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o en casos de contaminación. Lo anterior porque el documento expone que en 2019 la minería ocupó el primer lugar entre las causas que generan sitios potencialmente contaminados.

Además, queda prohibida la explotación y exploración en cauces o vasos de aguas nacionales y sus zonas federales, en los zócalos submarinos de islas, cayos y arrecifes y en la zona federal marítimo terrestre.

También se plantea que los concesionarios deberán instalar dispositivos de medición del agua en tiempo real en todas las tomas utilizadas para minería y presentar un informe anual sobre las descargas.

Se negará la concesión de agua para uso en minería si requiere más del 30% del volumen disponible de la cuenca o acuífero y no se deben otorgar permisos para pozos de extracción.

Mecanismo de entrega de permisos para minería

La iniciativa del Ejecutivo federal propone cambiar el método de otorgamiento de concesiones mineras para que únicamente sea a través de concursos públicos.

También busca eliminar el derecho de los titulares de las concesiones a obtener la expropiación de los terrenos para explotación y plantea que este mecanismo sea sustituido por un acuerdo con las personas propietarias de los terrenos. De ganar el permiso, deberán compensar al pueblo con el equivalente a 10% de las utilidades obtenidas por la actividad a realizar.

En caso de ubicaciones en comunidades indígenas o afromexicanas, se deberá hacer una consulta pública antes de aprobar la concesión minera y el costo de la consulta lo cubrirá la persona que desee la concesión.

Quien reciba una concesión debe realizar un estudio de impacto social y aplicar medidas de prevención y mitigación.

Sanciones

La iniciativa incluye un apartado de infracciones y sanciones en materia minera, el cual establece que se consideran delitos la extracción ilegal de minerales o sustancias; la enajenación o tráfico de minerales y derivados metalúrgicos no concesionados; no garantizar la seguridad física de los trabajadores, ya sea por omisión del cumplimiento la Ley Minera y su reglamento o por el traslado ilegal de productos mineros y metalúrgicos fuera del país.

El documento expone que la superficie concesionada a la minería en México aumentó de 1% en 1988 a 8% en la actualidad y advierte que en varios lugares donde se realiza esta actividad hay escasez de agua.

Las 23 mil 441 concesiones vigentes a la fecha se ubican en Sonora, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Jalisco, Coahuila y Sinaloa, y sólo se explota el 19%. Por ello, plantea, la concesión también se podrá cancelar si después de un año del otorgamiento no se inician los trabajos.