Este mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) arrancará sus sesiones con el análisis de reformas impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en las cuales se pretende avalar las modificaciones.
En un inicio discutirían este 6 de enero tres proyectos relacionados con reformas del sexenio pasado; sin embargo, se bajaron dos proyectos y solo se mantuvo uno.
El que se conserva es la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en donde se elimina el proceso de evaluación del magisterio y establece un nuevo marco de admisión y promoción.
En la impugnación que presentó la Comisión sostiene que esta reforma incurre en una omisión legislativa parcial, porque el artículo tercero constitucional ordena que los procesos de admisión, promoción y reconocimiento queden definidos en la ley, de manera clara y completa.
Además, señala que dos artículos de esta Ley delegan por entero a la autoridad administrativa la regulación de la promoción horizontal en educación básica y media superior, lo que permite que programas y lineamientos emitidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) sustituyan la intervención del legislador en una materia que la Constitución reserva expresamente a la ley.
Sin embargo, la SCJN prevé –en el proyecto 122/2019 que está en manos del ministro Irving Espinosa– declarar infundada la acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH.
“Este Tribunal Pleno estima, que el concepto de invalidez es infundado (…) lo dispuesto en los artículos impugnados se adecuan a una medida legislativa que busque la igualdad en tanto se pretende fortalecer a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales, dado a la marginación histórica y estructural de este grupo social, conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal”.
Mientras, el 13 de enero, se espera que se discuta una acción de inconstitucionalidad presentada por 49 legisladores de la oposición (PAN, PRI, PRD Y MC) y la CNDH en contra de las reformas la Ley de Instituciones de Crédito, en la que se establece que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendrá la facultad para bloquear cuentas bancarias sin que medie mandato judicial y sin notificación previa.
Los senadores de oposición sostienen en su impugnación que la facultad otorgada a la SHCP para bloquear cuentas bancarias vulnera los principios constitucionales de presunción de inocencia, taxatividad y seguridad jurídica. Ello, porque, alega que se faculta a dicha Secretaría para ejecutar el bloqueo sin la necesidad de fundar y motivas, de manera previa, las razones que lo justifican.
Además, los legisladores señalan que al facultar a la SHCP congelar, mediante la UIF, cuentas cuando se identifique una posible relación con “delitos asociados con el financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita” vulnera el principio de taxatividad en la medida en que no delimita con claridad cuáles son esos delito, qué conductas los integran ni cuales son los alcances de dicha relación delictiva.
Este proyecto 58/2022 está en manos de la ministra Loretta Ortiz Ahlf y se prevé que se declare infundada la acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, pues se sostiene que el bloqueo de cuentas es una medida administrativa y cautelar, orientada exclusivamente a la protección del sistema financiero y no a la persecución penal.
Lo anterior, se explica en el proyecto, no implica determinación de responsabilidad ni sustituye las atribuciones constitucionales del Ministerio Público, sino que opera en el plano preventivo, bajo parámetros de seguridad financiera y en cumplimiento de estándares internacionales.
Además de estos dos proyectos que ya están enlistados, hay dos más que se discutirían el 6 de enero, pero fueron retirados, por lo que no se tiene fecha para su análisis.
Estos dos también están en manos de la ministra Loretta Ortiz Ahfl y son acciones de inconstitucionalidad: uno es a las modificaciones de 2023 a las leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil y otro contra las reformas a la Ley General de Salud. En ambos casos pretenden ser declararos infundadas las impugnaciones.
En el asunto de las leyes a Aeropuertos, los legisladores de la oposición que interpusieron la acción de inconstitucionalidad, porque alegan violaciones al debido proceso y porque consideran que estos cambios implican la militarización de un área estratégica para la aviación civil del país.
En tanto, en el caso de las reformas a la Ley General de Salud, los legisladores que impugnaron estos cambios sostienen violaciones al procedimiento legislativo.
Estas reformas fueron impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
