Autoridades retrasan audiencia para juzgar impacto ambiental del Tren Maya
Las autoridades judiciales han pospuesto nuevamente la audiencia para resolver un amparo que pide un plan de restauración por los impactos ambientales del Tren Maya.
Un juez retrasó la audiencia constitucional programada para el 4 de junio que resolvería un amparo en contra del Tren Maya, interpuesto en 2020 por la organización Territorios Diversos por la Vida.
El amparo busca cancelar los siete tramos ferroviarios del megaproyecto, construido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y asegurar que las autoridades correspondientes implementen un plan de restauración ecológica en la Península de Yucatán, donde estudios de científicos señalan que el tren provocará un gran daño ambiental.
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Para probar el impacto negativo de esta obra, la organización y expertos realizaron peritajes que documentan cómo la operación del tren arrasaría la selva y afectaría los hábitats de los animales, la calidad del agua y la absorción de carbono, entre otros daños.
Los resultados de los estudios se incluyeron en el expediente de amparo para que fueran evaluados por un perito externo del juzgado y se dio tiempo para que las autoridades responsables del proyecto presentarán sus propios peritajes.
Sin embargo, dos días antes de la audiencia, la Dirección General de Gestión Forestal, Suelos y Ordenamiento Ecológico de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y Fonatur Tren Maya solicitaron al juzgado una copia de los dictámenes periciales.
“Ante esta solicitud, el juzgado respondió que todos los dictámenes están digitalizados y disponibles para consulta desde el expediente electrónico”, informó la organización.
Pese a ello, el juzgado también ordenó a Territorios Diversos por la Vida enviar a esas dependencias un disco óptico con la reproducción digital de los dictámenes de los peritos.
Parte del Tren Maya se inauguró en diciembre de 2023.(Foto: Diana Zavala/Expansión)
Además decidió reprogramar la audiencia para el próximo 10 de julio con el argumento de que el tiempo adicional es para “garantizar certeza jurídica y evitar futuras demoras”.
Este es uno de los pocos amparos –de alrededor de 60– interpuestos contra el Tren Maya que continúan vigentes y que lograba llegar a la audiencia judicial, donde un juez evalúa el caso y decide si otorga el amparo y, en su caso, los alcances de la sentencia.
Pero, desde hace cinco años, se ha presentado una “obstrucción sistemática” al caso, señala la organización. El amparo se ha retrasado por distintas razones: la pérdida del expediente por parte de las autoridades judiciales y la práctica de turnar la solicitud de un juzgado a otro, así como diferir las fechas de la audiencia en varias ocasiones.
“Esta no es una acción aislada. Forma parte de un patrón sistemático de obstrucción a la justicia por parte de las autoridades responsables, lo cual vulnera el derecho al debido proceso, impide un juicio ágil, retrasa la resolución judicial y perpetúa los daños socioambientales ocasionados por el Tren Maya”, denunció la asociación.
También consideró que la decisión busca ganar tiempo para que los nuevos juzgadores, elegidos mediante voto popular en las elecciones del 1 de junio, ocupen sus cargos. Muchos de ellos son cercanos a Morena, el partido oficialista, y han sido señalados como un riesgo para la autonomía del Poder Judicial.
Territorios Diversos por la Vida demandó al Poder Judicial que actúe con diligencia, realice un análisis de fondo del caso y determine las violaciones de derechos humanos derivadas de la construcción y operación del Tren Maya.
“Que Fonatur deje de obstaculizar el proceso judicial y se garantice la realización de la audiencia constitucional. La justicia no puede seguir postergándose. Los territorios y comunidades afectadas no pueden esperar más”, exigió.
