Algunas estancias migratorias todavía funcionan sin medidas de seguridad adecuadas o sin infraestructura digna, según una nueva revisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El organismo evalúo 24 de los 26 recintos migratorios que el Instituto Nacional de Migración mantuvo en operación durante 2024 y aseguró que se observan mejorías en sus instalaciones, pues solo una estancia fue calificada en estado crítico y suspendida definitivamente.
A ojos de la CNDH, 14 estancias resultaron adecuadas para el alojamiento de migrantes –aunque solo una cumplió todos los requisitos evaluados–, y nueve fueron calificadas como insuficientes.
Según este informe, difundido el martes, los resultados muestran avances respecto a 2023, cuando se identificaron 15 estancias en estado crítico y ninguna de las 49 evaluadas ese año fue considerada como adecuada.
Los recintos migratorios cubrieron los servicios básicos mínimos, como limpieza y acceso a dormitorios, comedor, baños y áreas de visitas, con algunas excepciones.
Contaron con personal de seguridad, cámaras de vigilancia, extintores y detectores de humo; pero siguieron con omisiones para garantizar la salud, protección y defensa jurídica de las personas migrantes.
Por ejemplo, 19 de las 24 estancias no contaban con oficinas o personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y cinco carecían de protocolos de atención a víctimas o testigos de delito.
En poco más de la mitad de los recintos evaluados (15) no había mangueras hidratantes, que se usan como primera respuesta ante un incendio. Esta infraestructura falta hasta en seis de las estancias calificadas como adecuadas, a pesar de las tragedias ocurridas en los últimos años, como el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juarez, Chihuahua, ocurrido en 2023, que dejó 40 muertos y 27 lesionados.
Muchos recintos no especificaron si contaban con cocina o un servicio de alimentos externo; 13 carecían de servicios de atención psicológica; siete no tenían personal médico al momento de la visita, cuatro funcionaban sin una constancia de protección civil y en dos casos no estaba disponible un cuadro básico de medicamentos.
Los baños de la mitad de las estancias no tienen puertas o no garantizan la privacidad de las personas por supuestos “motivos de seguridad”.
Otras carencias reportadas en menor medida incluyen la falta de habitaciones para personas en situación de vulnerabilidad y de ventiladores, aire acondicionado, calefacción o dormitorios con ventilación. Esto ocurre incluso en zonas calurosas, caso de la Estación Migratoria de Chetumal, Quintana Roo, calificada como adecuada.
La Estancia Provisional “B” de Palenque, Chiapas fue la única que cumplió con todos los requisitos evaluados, salvo el consultorio dental, cuando la CNDH visitó los recintos migratorios de 18 estados entre agosto y septiembre de 2024.
La verificación tomó en cuenta las condiciones de alojamiento, la infraestructura de seguridad y salud, así como los servicios de protección y defensa jurídica de 11 estaciones migratorias y 13 estancias provisionales.
También se consideró la percepción de las personas migrantes alojadas, aunque casi todos los recintos tenían bajos niveles de ocupación al momento de la visita o estaban vacíos.
La CNDH constató que la Estancia Provisional “B” de Mexicali, Baja California, fue la única que funcionaba en estado crítico y aseguró que por eso fue suspendida definitivamente en abril de 2025.
Ese recinto no contaba con área de visitas, lugar para lavado de ropa y tampoco tenía instalaciones ni dormitorios para personas con alguna discapacidad o vulnerabilidad. Las instalaciones estaban sucias. Los baños, lavamanos y regaderas no funcionaban adecuadamente, ni estaban limpios ni tenían puertas.
En esta estancia de Mexicali no había colchonetas, superficies suficientes para dormir, cobijas, luz natural en los dormitorios ni acceso a enseres de aseo personal básicos.
La CNDH celebró los resultados de su evaluación. Expuso que, incluso, durante 2024 bajaron las recomendaciones que emitió por las condiciones de las estancias, donde se detiene a las personas en movilidad aunque no comentan ningún delito. El año pasado emitió 20, es decir, 17 menos que en 2023.
También registró 1,973 expedientes de queja, pero resolvió que en el 95% no se acreditaron violaciones a los derechos humanos; en ocho casos sí se avaló la vulneración y 85 expedientes continúan en trámite.
“Esta Comisión Nacional se congratula de las mejoras que se han realizado a las estaciones migratorias y estancias provisionales, así como la suspensión definitiva de aquellas estancias que no cumplían con los estándares que marcan las leyes y tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero aún falta mucho por hacer”, sostuvo la CNDH en el informe.
