"Es un acto de profundo respeto, sincero y transparente para que no vuelva a repetirse'', agregó el excomisionado. "Se debió garantizar la seguridad de las personas y existieron violaciones de derechos humanos de las víctimas", agregó.
El incendio en el centro de detención migratoria de Ciudad Juárez ocurrió en 2023 y la Fiscalía General de la República (FGR) abrió entonces una investigación penal.
Garduño enfrentó muchas críticas por negarse a dejar su puesto tras la tragedia. López Obrador también se negó a sustituirlo.
En 2023, la FGR determinó que se encontraron elementos para que Garduño fuera juzgado como probable responsable de omisiones.
A Garduño se le señaló por la falta de seguridad de los migrantes recluidos y las condiciones en que se encontraban: sin acceso a agua potable, alimentos y en una estación sin salidas de emergencia ni protocolos de protección civil.
Garduño fue procesado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
El exfuncionario hoy reconoció que el personal de Migración actuó con omisiones y que hubo violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes.
“Reconozco que ningún gesto o palabra podrá aliviar el sufrimiento ni reparar el inmenso dolor; sin embargo, en este acto les ofrezco disculpas y perdón”, agregó.
Al tomar la palabra en representación de las familias de las víctimas, Claudia Varela dijo que la disculpa no puede ser aceptada si no hay una justicia real por el incendio del 27 de marzo de 2023, donde su hermano Daniel de Jesús Varela, de 44 años, perdió la vida al intentar migrar de El Salvador.
“No podemos aceptar esta disculpa mientras no exista una investigación exhaustiva, independiente y transparente que identifique a los responsables, materiales e intelectuales, que hasta el momento no conocemos”, declaró.
A nombre de todos los afectados por el incendio, exigió sentencias para los responsables, atención psicológica y médica; educación para los hijos y una reforma al sistema migratorio mexicano que, aseguró, continúa criminalizando a las personas en movilidad.
Para la Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), la Clínica Jurídica para Refugiados y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), organizaciones que han acompañado a las víctimas, la disculpa pública es un primer paso simbólico en el proceso de reparación integral del daño. Sin embargo, subrayaron, no resuelve las demandas de justicia ni cierra el caso.
Afirmaron que una reparación integral debe garantizar la compensación económica a todas las víctimas, pero ésta no ha llegado a 15 mujeres sobrevivientes, porque no han sido reconocidas como víctimas.
Aunque la disculpa es personal, exigieron al Estado mexicano no quedarse al margen, sino modificar la política migratoria, eliminar la detención de migrantes, garantizar la no repetición de hechos similares y cumplir con las medidas de reparación para las víctimas y sus familias.
“El Estado mexicano debe asumir su responsabilidad y cambiar la política migratoria que criminaliza, detiene y desgasta a las personas migrantes en el país. Las 82 víctimas de esta tragedia estaban bajo custodia del Estado y, como tal, éste tiene una responsabilidad irrenunciable de garantizar justicia, reparación y no repetición”.
