Privatización y falta de participación, alertan de riesgos en Ley General de Aguas

De acuerdo con estas agrupaciones, la iniciativa mantienen vacíos graves que perpetúan la "mercantilización del agua", limitan la participación social y posponen hasta seis décadas la garantía efectiva del derecho humano al acceso al recurso.

En entrevista con Expansión Política, María Eugenia Olvera, integrante de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua en Puebla, señala que la propuesta de reforma remitida a comisiones de la Cámara de Diputados “solo enuncia principios positivos”, pero no ofrece mecanismos claros para aterrizarlos en políticas públicas efectivas.

“Se plantea que el agua deje de ser una mercancía y se convierta en un bien público y un derecho humano, pero en la práctica las reformas siguen abriendo la puerta a la privatización de los sistemas hidráulicos y municipales”, advierte.

Explica que la propuesta contempla una estrategia nacional dividida en seis etapas de 10 años, lo que implicaría que el acceso universal al agua se alcanzará hasta dentro de 60 años, pese a la emergencia hídrica que atraviesa el país.

De acuerdo con Ochoa, la iniciativa también mantiene contradicciones entre los principios de desmercantilización del agua y los mecanismos que permiten la continuidad de concesiones privadas en grandes obras hidráulicas y sistemas municipales.

“Esto ha generado violaciones sistemáticas al derecho humano al agua: de acceso, suficiencia, calidad y asequibilidad. En Puebla, por ejemplo, las tarifas se han incrementado hasta 500%”, apunta.

Otro de los puntos que preocupa a las organizaciones es la falta de participación social real en la gestión del recurso. La propuesta plantea mantener los Consejos de Cuenca –creados desde los años 90–, dominados por gobiernos y grandes concesionarios, pero señalan que las comunidades siguen sin voz ni voto.

Asimismo, la experta cuestiona la figura de “reasignación de concesiones”, que acusa, permitiría transferir derechos de uso de agua entre empresas o distritos de riego. “Esto puede abrir la puerta a una mayor concentración del agua en manos de la agroindustria y sin transparencia”, dice.

Ochoa alerta también sobre el riesgo de mantener el esquema “el que contamina paga”, que considera insuficiente para detener la contaminación de ríos y acuíferos. “Le resulta más fácil a las empresas pagar multas muy bajas que tratar el agua. Eso ha envenenado nuestras fuentes, como los ríos Lerma-Santiago y Tula”, sostiene.

Una propuesta con matices

Por su parte, algunas instituciones y organismos especializados como la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento (ANEAS), —organización que agrupa a los organismos operadores de agua potable y saneamiento del país—, el Consejo Consultivo del Agua (CCA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) respaldan la iniciativa presidencial, pero con matices.

La ANEAS subraya la importancia de fortalecer a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), regularizar concesiones, priorizar el agua para el servicio público urbano, promover el reúso y la captación pluvial, así como fomentar una cultura del agua con participación social y académica.

El CEMDA –dedicado a la defensa jurídica y promoción de políticas públicas para la protección del medio ambiente– celebró que el Ejecutivo Federal retomara la deuda legislativa pendiente desde hace 13 años, pero pide al Congreso “revisar y ajustar” la propuesta para asegurar que garantice plenamente el derecho humano al agua y la protección de los ecosistemas.

El organismo destaca la necesidad de garantizar el caudal ecológico, es decir, el volumen mínimo de agua que debe mantenerse en ríos y acuíferos para preservar el equilibrio ambiental y alerta que eliminar la prohibición para otorgar concesiones sobre cauces o zonas federales destinadas a residuos mineros o aguas residuales “podría resultar regresiva”.

Asimismo, señala que la protección de los sistemas comunitarios de agua y saneamiento es insuficiente, pues la iniciativa solo los reconoce fuera del área de operación de los servicios municipales o metropolitanos, “lo que podría contravenir estándares internacionales sobre autonomía comunitaria”.

La organización Cántaro Azul, dedicada al fortalecimiento de sistemas comunitarios de agua y saneamiento, advierte que el proyecto aún presenta "vacíos" importantes en el reconocimiento legal y la protección de los comités ciudadanos que hoy garantizan el acceso al agua en miles de comunidades rurales del país.

“En México, millones de personas se abastecen gracias a la gestión comunitaria del agua y saneamiento. Que la iniciativa los nombre es un avance, pero la ley debe reconocerlos en serio: como sujetos de derecho, con voz y recursos para realizar su trabajo”, señala la organización en un comunicado.

De acuerdo con la organización, el proyecto restringe el reconocimiento de los sistemas comunitarios únicamente a zonas fuera del ámbito municipal o intermunicipal, lo que podría permitir que los gobiernos locales desplacen a comités que actualmente operan con éxito, mediante simples modificaciones administrativas.

En ese sentido, la asociación plantea que la ley debería garantizar mínimos federales obligatorios, entre ellos el reconocimiento jurídico, acceso a financiamiento y asistencia técnica para los comités y patronatos que operan en zonas rurales.

Cántaro Azul recordó que en procesos legislativos previos —como los Foros Estatales “Rumbo a la Construcción de una Ley General de Aguas” organizados en 2020— ya se habían incorporado propuestas concretas para profesionalizar y dotar de herramientas a las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS), incluyendo una Contraloría Ciudadana y mecanismos claros de coordinación y financiamiento.

La organización alerta además sobre la posible duplicidad entre la Ley General de Aguas (LGA) y la Ley de Aguas Nacionales (LAN), que podría generar burocracia y confusión en los trámites para comunidades que buscan regularizar su servicio. “En el papel suena ordenado, pero en la práctica puede derivar en sanciones y desmantelamiento de sistemas que hoy funcionan”, advierte.

Finalmente subraya que el Congreso no debe dejar atrás a quienes ya garantizan el derecho humano al agua en la práctica cotidiana. “Reconocer a los sistemas comunitarios no es un gesto simbólico; es la manera de acelerar la cobertura, mejorar la calidad y cuidar el agua desde las bases. El agua no puede esperar otros trece años”, apunta.

Una oportunidad para dar certeza

El presidente del Consejo Consultivo del Agua, Raúl Rodríguez Márquez, considera que la iniciativa de Ley General de Aguas representa “un acierto del gobierno federal” y una oportunidad para dar certeza jurídica, fortalecer la gobernanza del agua y planificar su manejo a largo plazo.

“Nos da mucho gusto porque esta ley, que es la reglamentaria del artículo cuarto constitucional, atiende una asignatura pendiente desde hace 13 años. La vemos positiva, con conceptos muy claros sobre la cultura del agua y los derechos de los pueblos originarios”, señala Rodríguez en entrevista.

El representante del Consejo considera como un acierto que el proyecto contempla una estrategia hídrica de largo plazo para "construir una política hídrica de Estado, no de sexenio”.

Aunque reconoce que uno de los principales retos será el financiamiento, pues la propuesta no contempla recursos específicos. "Sin presupuesto, difícilmente se pueden implementar las nuevas políticas. Hacemos un exhorto a los diputados para que asignen un presupuesto más robusto al sector hídrico”, enfatiza.