Lo anterior, luego de que la medida solo veta las moléculas antiguas, mientras mantiene el uso de 171 plaguicidas altamente peligrosos, descontinuados en otros países.
Además, algunos de los pesticidas prohibidos este año ya se habían cancelado por Cofepris desde 2016. Otras 13 sustancias ya no se podían importar desde el sexenio anterior –por otro decreto de 2019–, pero a la fecha mantenían al menos una autorización vigente.
Lo relevante del decreto actual es que la prohibición abarca desde la fabricación y producción del ingrediente activo hasta su envasado, almacenamiento, transportación, comercialización y disposición final.
Pero los especialistas advierten que se debe vigilar el cumplimiento de esa regulación y reforarzarla, o las afectaciones a la salud y al medioambiente crecerán, como las intoxicaciones por plaguicidas.
Entre 2015 y 2014 se registraron más de 2,800 casos anuales de intoxicación, en promedio. En lo que va de este año suman más de 1,600 intoxicaciones por plaguicidas, principalmente en los estados de Jalisco, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Michoacán.
Sustancias peligrosas usadas en México
Fernando Bejarano, coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (Rapam), alerta sobre otros casos que identificó en un informe reciente sobre los 210 plaguicidas con aprobación vigente.
De estos, 39 fueron clasificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con toxicidad aguda muy alta y 45 fueron señalados como probables cancerígenos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA).
Es el caso del herbicida paraquat, prohibido en 72 países, excepto en México. Representó el 53% de todas las importaciones de plaguicidas registradas entre 2010 y 2019, con 40,200 toneladas, según datos oficiales.
“El decreto presidencial es un muy tímido avance de cara al grave problema que representan los plaguicidas altamente peligrosos en México”, asegura.
Otro ejemplo: el decreto anula el uso del clorpirifos-metilo, una molécula fuera del mercado desde hace tiempo. No prohíbe, en cambio, el insecticida clorpirifos-etilo, a pesar de ser tan tóxico que, en mayo de este año, la Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo acordó eliminarlo a nivel mundial. En México está autorizado, incluso, para el control de vectores como el dengue.
“Es un neurotóxico infantil que afecta el desarrollo neurológico, es un alterador hormonal a muy pequeñas dosis. No hay una dosis segura de exposición”, advierte el investigador.
El gobierno federal adelantó que en 2026 prohibirá un segundo grupo de pesticidas y un tercero en 2027. Espera consolidar durante el sexenio una estrategia de sustitución de las moléculas obsoletas por alternativas menos tóxicas, así como un sistema de venta controlada de pesticidas que no tienen sustituto.
El experto considera que sería más efectivo el diseño de un programa nacional sectorial para la prohibición gradual de los plaguicidas altamente peligrosos, como recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde 2018.
También plantea un sistema de monitoreo de estas sustancias que permita conocer qué tipo de plaguicida se usa, en dónde y por cuánto tiempo; el diseño de metas de reducción y una actualización del registro de pesticidas que incluya su nivel de toxicidad.
“No se trata solo de sustituir un plaguicida por otro de menor peligrosidad, sino de establecer una estrategia nacional para la transformación agroecológica de los sistemas alimentarios”, propone.
