En México, la pobreza moderada retrocedió 10.7 puntos porcentuales entre 2018 y 2024. Pero la pobreza extrema, que incluye a las personas que no tienen ni lo suficiente para comer, tuvo una disminución marginal, de apenas 1.7 puntos porcentuales en esos seis años.
Especialistas reconocen que la disminución de la pobreza en general es un logro, pero señalan que todavía existen desafíos en la atención de las personas de menos recursos y con más carencias.
La política social de la administración pasada –encabezada por Andrés Manuel López Obrador– arrastró esos retos por la forma en que operó. Por un lado apostó a la universalización de los programas sociales, lo que permitió llevar los apoyos a más hogares. Pero, por otro lado, descuidó a la población más pobre.
Por eso, los expertos ven urgente mejorar la estrategia de desarrollo social y el reparto de los programas, a fin de que mantengan la universalidad, pero sin sacrificar a los más desfavorecidos.
Si esto se cumpliera, la pobreza extrema se podría reducir de manera significativa, coinciden. Porque, aunque el Gobierno federal cuadruplicó el presupuesto público destinado a los programas prioritarios, de 150,000 a 700,000 millones, su efecto no se refleja en los más vulnerables, debido al reparto sin focalización.
“Ya tenemos el presupuesto para disminuir la población en pobreza extrema, pero no lo hacemos por las decisiones que tomamos de cómo repartir los programas sociales”, indica Máximo Jaramillo, director del Instituto de Estudios Sobre Desigualdad.
A diferencia de lo que se piensa, los programas sociales no aportan tanto dinero a las familias. Paulina Gutiérrez, directora operativa de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, detalla que solo 13 de cada 100 pesos de los hogares más pobres son de transferencias monetarias del gobierno.
Además, el aumento en las transferencias monetarias se concentró hacia los hogares de mayor ingreso, mientras que 10 millones de los hogares con menos recursos no las recibieron.
Esta medida provocó que los apoyos disminuyeran entre los más pobres. Ocho de cada 10 hogares de pocos recursos (decil I) recibía un programa social en 2018 y el año pasado tuvieron acceso solo 58%. En contraste, los hogares más ricos incrementaron su cobertura de 5% a 20%.
Por eso no impactaron en la pobreza extrema. Según el Inegi, el nivel de pobreza extrema fue solo 1.7 puntos porcentuales más bajo gracias a las transferencias.
“Es nulo el efecto de las transferencias para reducir la pobreza extrema y muy mínimo para reducir la pobreza moderada”, sostiene la especialista.
Para los especialistas, si se mejora la entrega de los apoyos sociales, la reducción de la pobreza sería significativa. “Si se concentran estos recursos y se hace una distribución más progresiva para los hogares que más lo necesitan, imagínate la reducción de la pobreza extrema y de la pobreza en general”, menciona Gutiérrez.
Máximo Jaramillo coincide con ella. El académico de la Universidad de Guadalajara explica que la universalización de los programas tuvo el efecto de incrementar la cobertura entre los hogares, incluyendo los más ricos. En ellos, observa, vive una proporción más alta de adultos debido a la desigualdad en la esperanza de vida relacionada con el nivel de ingresos.
El problema fue que se eliminó la estrategia centrada en los más pobres al desaparecer el programa Prospera, que en 2018 atendía a este sector. Para Jaramillo, la universalización de los programas no es un error, pero no debe realizarse sin garantizar la inclusión de los más desfavorecidos.
Ese cambio en el reparto tuvo efectos notorios: la cobertura de programas sociales creció en los estados de ingresos altos, como la Ciudad de México, Baja California, el Estado de México, Nuevo León y Sonora. En cambio, disminuyó en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y San Luis Potosí, los estados más pobres.
En Chiapas, que concentra el mayor porcentaje de población en pobreza extrema, la disminución de la cobertura de programas sociales alcanzó 22 puntos porcentuales.
“Y esto es grave. Los programas sociales tienen por finalidad dar cierta protección social. Y que le estés quitando ese nivel de cobertura al estado más pobre, me parece preocupante”, dice.
El experto considera que, de mantener ambos esquemas de distribución, habría más hogares beneficiados y una mayor disminución de la pobreza.
Además, el Gobierno anterior centró su política de programas sociales en un solo grupo poblacional, el de las personas adultas mayores, a pesar de que los niños, adolescentes y personas indígenas son los grupos en mayor pobreza.
Otro aspecto que identifica Jaramillo es que algunas ayudas gubernamentales entregan menos dinero a los más pobres que hace siete años. Ilustra con el caso de la Pensión de Adultos Mayores. De todo el dinero de ese programa, 12% llegó a las familias con los ingresos más bajos y 13% a los hogares más ricos del país. A pesar de esto, su impacto benéfico entre los más desfavorecidos es notorio, debido a que es el programa que otorga los mayores montos.
“Antes de López Obrador se decía que los programas sociales partían de un paradigma minimalista: ¿Qué significa eso? Que en realidad es muy poco el presupuesto que llevaban a los hogares”, expone.
“Ahora, la Pensión de Adultos Mayores sale de ese enfoque y tiene un impacto muy importante en los hogares”, afirma.
El problema es que el resto de los programas se queda lejos y mantiene aquel enfoque minimalista, tanto en el presupuesto gubernamental que se les asigna como en el monto que otorgan a los beneficiarios.
“Como dice el famoso lema: si realmente se pusiera primero a los pobres, ahorita tendríamos mediciones de pobreza extrema mucho menores”,
A decir de los expertos, la disminución de la pobreza responde al aumento en los ingresos laborales: 75 de cada 100 pesos de los hogares provienen del trabajo, calcula Paulina Gutiérrez.
Pero esto no ha sido suficiente para que todas las familias vivan con bienestar y tengan acceso a los derechos básicos, que el Gobierno debe garantizar.
Así que, aunque en el ámbito económico hay una recuperación, en la dimensión social se observa un retroceso. La población vulnerable por carencias sociales subió de 32.7 a 41.9 millones de personas. Es decir que un tercio de la población batalla todavía para tener vivienda, educación o salud.
“En el acceso a la educación hay un estancamiento. En el acceso a servicios de salud hay un deterioro brutal. La política social debería combatir estas carencias y ahí es donde queda a deber”, subraya.
Para la especialista esto es preocupante. Porque esa población se considera vulnerable porque, ante cualquier eventualidad, como una crisis económica, gastos médicos o una desastre natural, pude regresar a la pobreza.
