Debido a que aún no tiene las condiciones técnicas, reglas, procesos ni la tecnología necesarias, el Instituto Nacional Electoral (INE) aún no puede convertirse en la autoridad encargada de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública sobre los partidos políticos, como se establece reforma constitucional.
De acuerdo al organismo, esto le impide asumir de forma plena todas las funciones constitucionales, lo que debió ocurrir desde hace más de un mes, el 19 de junio pasado.
Pero, para cumplir, acordó suspender hasta 90 días –de forma retroactiva a junio, es decir, casi un mes– los plazos y términos para atender los recursos de revisión interpuestos vía la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y correo electrónico.
La prórroga no incluye la atención a las solicitudes de información ni el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, oposición, cancelación y portabilidad de datos personales. Tampoco del cumplimiento de obligaciones de transparencia.
La decisión se debió a incumplimientos de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que asumió parte de las funciones del extinto Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales (INAI).
De acuerdo con los consejeros, la dependencia no permite al INE concretar sus nuevas funciones pues aún no entrega todos los expedientes electrónicos relacionados con sus nuevas atribuciones ni ha dado acceso para operar la PNT.
Esa interoperabilidad con las fuerzas políticas, la migración y las facilidades todavía no se concretan, pero –según lo aprobado por el INE– se espera que sea posible antes de septiembre.
De acuerdo con la reforma constitucional, que entró en vigor desde el 21 de marzo pasado, el INE será el órgano garante de que se cumpla el acceso a la información pública de los partidos políticos: deberá vigilar que cumplan con sus obligaciones en la materia y resolver los recursos de revisión que se presenten.
Además, a través del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, se autovigilará para cumplir con sus obligaciones de transparencia y creará otra instancia para resolver sobre la protección de datos personales.
A partir del 1 de junio entró en vigor la nueva estructura organizacional aprobada por la Secretaría Ejecutiva del INE, misma que rediseñó las Unidades Técnicas de Transparencia y Protección de Datos Personales (UTT), así como la de lo Contencioso Electoral (UTCE), para darles las nuevas funcionalidades.
En sesión del INE, el pasado 28 de julio, los consejeros reconocieron estar en falta y que tuvieron una imposibilidad de cumplir derivado de los retrasos de la Secretaría Anticorrupción, por lo que aprobaron el nuevo plazo, acuerdo que aún no se hace público.
La consejera Rita Bell, presidenta del grupo de trabajo en Materia de Transparencia, aseguró que “no es una decisión sencilla": "Estamos muy conscientes de las implicaciones de mantener en pausa estas resoluciones de recursos de revisión”.
“Estamos el día de hoy aquí con esta información, que también se las hemos estado compartiendo en mesas de trabajo, que todavía falta definir y todavía no existen las condiciones para atender estos asuntos”, expuso.
La consejera Claudia Zavala explicó que de parte de la Secretaría se tuvo "una primera transferencia de expedientes de manera virtual, en expedientes electrónicos"
Sin embargo, detalló, cuando se iba a concretar en julio la entrega de los expedientes, se dieron cuenta de que no tenían 15 expedientes.
Los 90 días de suspensión establecidos en el artículo transitorio constitucional, explicó, es un plazo que no se podría cumplir, por eso se acordó un periodo adicional de gracia.
“Todavía no se encuentran activados los módulos dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia para que nosotros podamos correr esos plazos y tampoco se encuentran activados otros módulos que nos permitan comunicarnos con los sujetos obligados", añadió.
