Entre los casos recopilados por la SIP, está el de un periodista del estado de Campeche (sureste) al que un fallo judicial le ordena no referirse a la gobernadora estatal y somete a su medio de comunicación a una revisión previa de sus contenidos por parte de un interventor judicial.
También apunta a una reforma del código penal estatal de Puebla que introduce un nuevo supuesto de "violencia digital", que permite castigar con cárcel a quien realice "publicaciones que afecten la dignidad", detalla el boletín.
La SIP advierte que la "redacción ambigua y amplia de la norma puede utilizarse para perseguir a periodistas, activistas o usuarios de redes sociales que critiquen a funcionarios públicos".
Añade también el caso del medio La Silla Rota de Ciudad de México, al que la autoridad electoral nacional, INE, le exige que entregue documentos y revele fuentes vinculadas a una investigación sobre irregularidades en los comicios judiciales que el país celebró en junio pasado.
"Estos casos no son hechos aislados, sino síntomas de un entorno institucional cada vez más hostil al periodismo", dijo José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, citado en el comunicado.
"Nos preocupa que en un país democrático con marcos constitucionales sólidos, se usen herramientas judiciales, legislativas o administrativas para inhibir la crítica y fiscalización del poder", agregó.
