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Juez admite primer amparo contra ley sobre “ciberasedio” en Puebla

Con la reforma denunciada, usuarios de redes sociales podrían ser sancionadas con cárcel si la persona que se dice víctima de críticas e injurias se considera acosada.
vie 18 julio 2025 08:42 PM
Alejandro Armenta es el nuevo gobernador de Puebla
La reforma ha provocado críticas a la administración de Armenta.

El juez quinto de distrito en materia penal del estado de Puebla, Cuauhtémoc Escobar González, dio entrada al primer amparo interpuesto en contra del establecimiento de un nuevo delito, el “ciberasedio” tipificado en el Código Penal de Puebla.

El juez señaló el 27 de agosto como fecha para la audiencia constitucional, es decir, cuando concluya el primer periodo vacacional 2025 del Poder Judicial de la Federación.

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La reforma, también llamada “ley censura”, consiste en la posibilidad de que expresiones en redes sociales sean sancionadas con cárcel, si la persona que se considera víctima de críticas e injurias se considera acosada.

El Congreso del estado de Puebla aprobó, con mayoría de Morena y sus aliados, incluir un nuevo delito en el Código Penal local, el ciberasedio, que se sancionará con cárcel de 11 meses a tres años y multa de 50 a 300 días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

Será acreedor a esa sanción quien utilice las redes sociales o espacios digitales, para injuriar, ofender, agraviar o viajar a otra persona “con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”, lo que de acuerdo a los ciudadanos que recurrieron al amparo, constituye un ataque a la libertad de expresión.

La promovente Erika Nictehá Flores Gutiérrez, en su calidad de apoderada de la Fundación Iris, en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Asociación Civil, solicitó el amparo en contra de las decisiones del Congreso del Estado de Puebla y el gobierno del estado.

En el auto de admisión, el juez requirió información al Congreso y al gobernador Alejandro Armenta Mier para que rindan su informe respecto a los señalamientos de los quejosos, quienes denuncien que la legislación es restrictiva y viola derechos humanos.

En contra de la misma reforma ya se ha interpuesto hasta ahora una acción de inconstitucionalidad, presentada por ciudadanos del estado y el Partido Acción Nacional (PAN).

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