Diez años después, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrecerá una disculpa pública a la familia de Marisol Martiriz Guzmán, quien falleció el 20 de julio de 2015 víctima de violencia obstétrica y muerte materna.
La disculpa forma parte de una serie de medidas de reparación del daño dictadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tras documentar diversas omisiones en la atención médica.
El acto se realizará este lunes 21 de julio en la localidad Bochil del estado de Chiapas, donde se ubica el hospital rural del ahora programa IMSS-Bienestar al que llegó Marisol con 39 semanas de embarazo.
La joven de 30 años y origen salvadoreño fue sometida a una cesárea de emergencia, pero el procedimiento se complicó y ese hospital no contaba con la infraestructura e insumos suficientes. Así que los médicos optaron por trasladar a Marisol a un hospital general, equipado con instrumental y personal especializado para resolver una emergencia obstétrica.
Sin embargo, la gestión del traslado demoró seis horas y, cuando por fin se llevó a cabo, Marisol ya estaba tan grave de salud que murió durante el trayecto, recordó Fundar, Centro de Análisis e Investigación, la organización que acompaña el caso.
“Marisol falleció por diversas omisiones en la adecuada atención de una emergencia obstétrica. Su caso evidenció carencias graves en infraestructura, insumos, personal médico especializado y protocolos de atención que, lamentablemente, siguen presentes en muchas regiones del país”, señaló Fundar.
En 2018, la CNDH reconoció que la mujer fue víctima de violencia obstétrica y de múltiples fallas estructurales en el sistema de salud, por lo que emitió recomendaciones al IMSS, institución que opera el programa IMSS-Bienestar, entonces conocido como IMSS-Prospera.
Entre las medidas de reparación del daño, la CNDH contempló una disculpa pública. El próximo lunes, representantes del Seguro Social reconocerán la responsabilidad de la institución y ofrecerán disculpas a la familia de Marisol, como parte de las medidas de reparación por las violaciones a sus derechos humanos.
“A 10 años de su muerte, este acto representa un reconocimiento público de responsabilidad por parte del Estado mexicano”, subrayó.
La organización ve en este acto una oportunidad para recordar que la violencia obstétrica y la muerte materna son problemas de salud que continúan vigentes en México. En 2021, el país registró una tasa de mortalidad materna de 58.6 por cada 100,000 bebés nacidos vivos.
La proporción fue mayor a la reportada en 2020, cuando inició la pandemia de covid-19, y significó un retroceso de 20 años. Es decir que el número de mujeres que fallecen durante el embarazo, el parto o el posparto se ubicó igual que hace dos décadas.
Para 2025, la Secretaría de Salud notifica una disminución, con 26 defunciones maternas a nivel nacional por cada 100,000 nacimientos estimados. Sin embargo, esto equivale a 279 mujeres fallecidas hasta el 14 de julio.
Chiapas es el estado con más casos de muerte materna en este año, con 35.4 por cada 100,000 nacimientos, por arriba del promedio nacional.
“Este acto representa una oportunidad para reiterar la exigencia de garantías de no repetición y transformación estructural del sistema de salud, especialmente en la atención materna”, demandó Fundar.
