La nueva Ley Nacional para eliminar Trámites Burocráticos establece las bases para que los ciudadanos realice gestiones federales vía digital.
Una vez aprobada la legislación, entraría en operación el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios, una plataforma en la que los ciudadanos realicen la mayoría de sus trámites de forma digital y sin acudir a oficinas.
Para acceder a esa plataforma cada ciudadano tendría que emplear su Clave Única del Registro de Población (CURP), como el identificador principal y ligado a una Llave MX, para el inicio de su sesión e ingreso a su Expediente Digital, que funcionará como fichero o repositorio con sus documentos necesarios para realizar sus gestiones virtualmente.
La propuesta aprobada en la Cámara de Diputados y turnada al Senado para su discusión generó inconformidad en legisladores de oposición, quienes señalan de posibles de riesgos en la protección de datos personales, así como de filtración de información.
Uno de los efectos de la nueva ley—aún pendiente de aprobación en el Senado—será el desplazamiento de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE) como mecanismo de identidad y sólo se aceptará la CURP con datos biométricos y vinculada a la Llave MX, para realizar las gestiones ante el gobierno.
Actualmente la ley no establece la obligación de entrega de datos biométricos que hoy tiene en resguardo el INE y que están asociados a la credencial para votar para que puedan vincularse a la CURP. Tampoco se establece la obligación o el mecanismo por el que instancias del gobierno se allegarán de esos datos biométricos.
Con la aprobación, será la Agencia de Transformación Digital y Comunicaciones (ATDT) la responsable de revisar el marco regulatorio nacional y emitir recomendaciones a los Sujetos Obligados competentes –es decir a todas las dependencias federales– para la simplificación de regulaciones, trámites y servicios específicos.
Además la Agencia emitirá los lineamientos para la operación del Portal de Trámites, para la generación o cancelación de LlaveMX y para toda la estrategia de simplificación de trámites.
De acuerdo con la ley, cada mexicano tendrá un Expediente Digital Ciudadano, es decir, un conjunto de documentos digitales asociados a una persona y depositados en la nube.
El expediente será en realidad un repositorio en el que cada persona podrá subir, consultar y actualizar sus documentos.
De acuerdo a la nueva legislación esos datos estarán resguardados y los documentos podrán ser utilizados en cualquier trámite federal sin necesidad de volver a presentarlos una y otra y otra vez en múltiples ventanillas.
Para acceder a ese expediente digital, cada ciudadano usará su CURP y tendrá una Llave MX –es decir una clave de ingreso para iniciar sesión, a manera de correo electrónico– como mecanismo de autenticación e identificación en medios digitales.
De acuerdo a Morena, al contar con expediente digital y LlaveMX se evitará que los ciudadanos tengan que presentar copia certificada a cualquier gestión.
En la ley se establece la obligación de proteger esos datos, sin embargo no se previó ningún presupuesto adicional para dar ciberseguridad a las bases de datos y proteger la información que los ciudadanos colocarán en su Expediente Digital y entregarán a las distintas dependencias de gobierno para realizar un trámite.
Ese fue uno de los argumentos principales de la oposición para votar en contra. Acción nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) alertaron riesgos para la seguridad de la información de los ciudadanos.
La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados dictaminó que no se requieren recursos adicionales, en tanto que la ley establece que las necesidades de recursos se harán con cargo al presupuesto de –entre otras– la dependencia que desaparecerá: la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
Diputados como Héctor Saúl Téllez y Paulo González, ambos del PAN, evidenciaron que este gobierno federal a cargo de Morena ha vivido ya varios hackeos, desde la Presidencia hasta la Defensa Nacional (Sedena), y nada garantiza la protección a la información de los ciudadanos.
“No se puede confiar en sus gobiernos que ya filtró información privada de periodistas, información de los defensores de los derechos humanos y de sus opositores y que además permitieron la filtración de información del Ejército mexicano”, dijo González.
La emecista Irais Virginia Reyes alertó que incluso el Banco Mundial ya ha advertido, a raíz de un caso en Costa Rica, sobre los riesgos de concentrar infraestructuras críticas en un único sistema gubernamental.
“¿Qué pasará cuando falle o hackeen la Llave MX? Al centralizar todos los accesos de todas las plataformas de gobierno nacional, estatales y municipales, una sola falla en la Llave MX generará el colapso de todos los sistemas públicos”, señaló.
Todo eso, además, con un contexto en el que ya no existe un órgano autónomo responsable de la protección de datos personales de los ciudadanos: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), funciones que se repartieron a un conjunto de instituciones.
La nueva ley previó excepciones de trámites que no serán virtuales: los relacionados con la materia fiscal, tratándose de las contribuciones “y los accesorios que deriven directamente de aquellas”, es decir, devoluciones, por ejemplo.
Tampoco las relativas a responsabilidades de la personas servidoras públicas (sanciones por ejemplo) o a las funciones del Ministerio Público (diligencias como uno de los casos).
Tampoco serán vía virtual los asuntos relacionados a resoluciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar) “salvo en lo relativo a las obligaciones en materia de simplificación, digitalización y registro de trámites y servicios en el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios”.
La iniciativa de ley, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum y presentada el pasado 22 de abril, proponía originalmente que en el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios se realizaran todas las gestiones a nivel federal, estatal y municipal.
Sin embargo Morena corrigió de última hora y vía dos reservas modificó ocho artículos del dictamen, que aprobaba la iniciativa presidencial sin ningún cambio.
Las modificaciones fueron para respetar las competencias de cada nivel de gobierno, luego de que la oposición alertó que se vulneraba el federalismo y las facultades regulatorias de los estados y municipios.
Así, se estableció que sólo gobierno federal estará obligado a realizar todos los trámites en el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios.
Para los estados y municipios –se indicó- no serán vinculantes las recomendaciones en materia de mejora regulatoria que emita la nueva Autoridad Nacional de Simplificación y Digitalización, que será la Agencia de Transformación Digital, con lo que se elimina la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).
Si se incorporó, en cambio, la obligación de los Congresos de los Estados y el de la Ciudad de México de “armonizar” su normatividad de conformidad con la nueva ley en un plazo de 180 días.
