A los que se hallaron más irregularidades de ese tipo fueron el Partido del Trabajo (PT), seguido del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde (PVEM), sin embargo, aunque se estimaba la imposición de multas sólo para esos tres partidos por 61.2 millones de pesos, el INE decidió reducir las sanciones y dejó pendiente la información de los datos ya consolidados.
En su defensa los partidos argumentaron que el pago de algunas de sus obligaciones fiscales ya prescribieron, pues ya pasaron cinco años y el INE intenta revivirlas.
De acuerdo con la auditoría, el PT adeuda en pagos al fisco tan sólo de 2018 a 2022 un total de 24.9 millones de pesos. El 60% de ese adeudo fiscal data del ejercicio de 2021.
El PRI reportó un saldo final en impuestos por pagar generados en el ejercicio 2018 por tres millones de pesos. Como ya han pasado siete años ya habría prescrito ese caso.
El PVEM aún arrastra un saldo pendiente por pagar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) por 4.1 millones de pesos de los ejercicios fiscales 2020 y 2021.
Acusan excesos del INE
En sesión de Consejo General, los consejeros aprobaron el dictamen consolidado derivado de la auditoría especial aplicada a ocho Comités Ejecutivos Nacionales (CEN) de partidos políticos nacionales (aún se consideró al de la Revolución Democrática) y a sus comités estatales, en total 224, además de 84 partidos estatales.
En febrero pasado el INE halló anomalías de los partidos en sus pagos al fisco y adeudos por concepto de impuestos y contribuciones por 249.2 millones de pesos, lo que iba a ser sancionado por 308.2 millones de pesos.
El INE argumentó que es parte de su facultad fiscalizadora revisar que los partidos ejerzan correctamente el financiamiento público que reciben, y eso comprende el correcto pago de sus obligaciones fiscales y de sus aportaciones a instituciones de seguridad social.
Tras la protesta de los partidos en febrero pasado, esas multas que no se impusieron en aras de esperar los resultados de una auditoría especial que se presentó hoy.
La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Carla Humphrey, explicó que se confrontaron datos reportados por los partidos con los proporcionados por las autoridades competentes, como lo son el SAT, el IMSS, el INFONAVIT y las secretarías de Finanzas o tesorerías de Finanzas locales.
En la sesión, el PRI objetó la revisión y la facultad del INE de imponer sanciones por no pagar impuestos, pues eso correspondería a la SHCP a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y denunció que ésta no le ha contestado desde 2022 a sus solicitudes de información sobre su situación fiscal y apenas anoche le remitió documentación.
Emilio Suárez Licona, diputado del PRI y su representante ante el INE aseveró que la UTF observó a su partido diferencias en las cuentas de retenciones del ISR, sueldos y salarios, e ingresos asimilados, por un total de 5.3 millones de pesos con base en información del SAT que no se le mostró, por lo que se habría vulnerado el derecho de audiencia.
