Extorsiones, militarización y acuerdos con EU en migración preocupan a la ONU

Aclarar acuerdos migratorios con EU

La ONU solicitó aclarar los acuerdos con Estados Unidos para el control de los flujos migratorios en la frontera entre ambos países y que garantice que cualquier cooperación con autoridades estadounidenses se realice bajo protocolos públicos, con respeto a los derechos humanos y mecanismos de supervisión independientes que aseguren la rendición de cuentas.

“El Comité recomienda al Estado parte que aclare la naturaleza y el contenido de cualquier acuerdo, formal o informal, con los Estados Unidos de América en materia migratoria y de protección internacional, asegurando que toda cooperación migratoria cumpla con las obligaciones internacionales de derechos humanos”, señala el informe.

Lo anterior ocurre en el contexto del regreso de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y ha amenazado a México con imponer aranceles si no frena los cruces en su frontera norte. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum envió 10,000 militares a esa franja.

Cuando Trump llegó a la Casa Blanca por primera vez utilizó mecanismos similares para presionar al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y ese sexenio rompió récord en el número de detención de personas migrantes.

Tan solo en 2024 se registraron 1.2 millones de eventos de detención, la mayor cifra desde que se tiene registro, pero con menos detenciones, al notificar un total de 20,834 en ese año.

En los primeros tres meses del gobierno de Sheinbaum (octubre a diciembre) las deportaciones cayeron mucho más. Se registraron 229,378 eventos de detención y 3,235 deportaciones, es decir, 19% y 70% menos que en el mismo periodo de 2023. Hasta ahora son las cifras actuales porque la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación no ha actualizado las cifras a 2025.

Militarización de la migración

En su informe, el Comité de la ONU lamentó que México no haya considerado una recomendación previa sobre el impacto de las políticas de gestión de las fronteras con elementos de las Fuerzas Armadas.

Por el contrario, señaló, el Estado mexicano ha profundizado el enfoque de seguridad por encima de los derechos humanos de las personas en movilidad.

“El Comité observa con especial preocupación la creciente militarización de las políticas y procesos migratorios, incluida la participación de cuerpos armados del Estado, como la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, en tareas de control migratorio”, expone.

Advierte también que las autoridades han subcontratado a empresas privadas de seguridad, sin garantías adecuadas de respeto a los derechos humanos ni mecanismos de supervisión o rendición de cuentas.

La ONU alerta que en México existe un uso generalizado de operativos de revisión o verificación migratoria en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional, como estaciones de autobuses, trenes, carreteras y centros comerciales, vías públicas, entre otros espacios, por múltiples autoridades, algunas de las cuales no tienen facultades estatutarias de control migratorio, como policías locales y elementos de las fuerzas armadas a pesar de que en 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que eso era inconstitucional.

Para el organismo internacional es preocupante la falta de formación continua del personal migratorio en materia de derechos humanos y protección de personas migrantes.

Así que recomienda retirar a las Fuerzas Armadas de los controles migratorios, poner fin a las revisiones de migrantes y evitar la subcontratación.

“El Comité recomienda al Estado parte que revise el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional y disposiciones vinculadas, y cese la participación de cuerpos armados en funciones migratorias, así como de toda otra autoridad sin competencia en materia migratoria, asegurando que dichas tareas sean asumidas por personal civil especializado y capacitado en derechos humanos y la protección de personas migrantes”, recomienda.

Otra sugerencia de la ONU para México es que refuerce los mecanismos de supervisión institucional y rendición de cuentas del Instituto Nacional de Migración y otras autoridades que intervienen en procedimientos de control migratorio, mediante canales de denuncia seguros, supervisión independiente, aplicación de sanciones administrativas o penales efectivas ante abusos.

Extorsiones a migrantes

En particular, el Comité señaló a México por las extorsiones contra migrantes, en algunos casos cometidas por funcionarios públicos y en otros por criminales, quienes les han exigido dinero para no secuestrarlos.

Tras el incendio de 2023 en una estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, las investigaciones del caso arrojaron que los migrantes retenidos ahí eran extorsionados por el personal del INM. Los funcionarios pedían cuotas para no deportarlos a sus países de origen.

También cobraban por "favores". De acuerdo con los testimonios recabados, solicitaban 500 pesos para permitir el uso del celular en la estancia, 300 pesos por una caja de cigarros y más de 1,000 pesos para evitar las revisiones.

En la carpeta de investigación del incendio las familias de las víctimas denunciaron que los guardias de la estancia migratoria exigían sobornos de 200 a 500 dólares para liberar a los migrantes retenidos sin cometer delito alguno. Varios extranjeros pedían a sus familiares que hicieran transferencias al personal del INM.

La Barra y el Colegio de Abogados Defensores de Refugiados dijo que entre 2021 y 2023 había presentado 30 denuncias por este tipo de extorsiones, pero las autoridades archivaban los casos o imponían sanciones económicas mínimas.

Según una encuesta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de la mitad de 15,000 migrantes entrevistados en 2023 sufrió algún abuso o incidente de seguridad durante su paso por México. De ellos, 27% declaró haber sido víctima de robo, 17% de extorsiones y 15% de amenazas físicas o intimidaciones.

Aunque el Comité sobre Trabajadores Migratorios reconoce que el gobierno ha tomado acciones para combatir la corrupción y la impunidad, afirma que éstas no han sido suficientes.

“A pesar de estas medidas, los actos de corrupción persisten en un clima de impunidad, y por lo tanto, reitera su preocupación anterior sobre los actos de corrupción, extorsión y abuso de autoridad cometidos por funcionarios públicos contra personas migrantes y sus familias”, subraya.

Por estos casos, Naciones Unidas recomienda al Estado mexicano robustecer los mecanismos de denuncia, investigación y sanción de los actos de corrupción y extorsión cometidos por funcionarios públicos, asegurando su independencia, celeridad y eficacia y que garantice la protección efectiva de las personas migrantes denunciantes, además de habilitar canales accesibles y adecuados para presentar quejas sin riesgo de represalias.

Urgió, además, a que asegure la implementación efectiva de medidas de reparación, incluyendo indemnización, rehabilitación y otras formas de compensación, también en los casos en que las víctimas hayan retornado o migrado a otros países.

El plazo para responder

La ONU recomendó al país la creación de un mecanismo estable de monitoreo y seguimiento a la implementación de las recomendaciones de los comités de derechos humanos y que presente al Comité, a más tardar el 1 de mayo de 2027, información escrita sobre la aplicación de las recomendaciones.

Y solicitó, además, que en su quinto informe periódico incluya información detallada sobre las medidas que haya adoptado. Este informe debe presentarse antes del 1 de mayo de 2030.

El organismo evaluó al país el 7 y 8 de abril y publicó su informe final con las recomendaciones el pasado 24 de abril.