Si naciste en la década de los 90, estás pagando—quizás sin saberlo—una deuda que surgió hace tres décadas. Probablemente hayas escuchado sobre el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), pero ¿qué es? ¿Por qué existe y en qué momento pasó a ser asunto tuyo? Aquí te explicamos.
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En 1990, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se creó el Fobaproa, el cual, básicamente hizo que la deuda privada de la banca pasara a ser pública.
El fondo surgió como una respuesta para enfrentar posibles crisis financieras—que ya se habían presentado—y el supuesto de que éstas pusieran en peligro la liquidez de los bancos. Así, en caso de emergencia, el fondo se utilizaría para comprar las deudas de los bancos y otorgarles capital.
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Aunque fue creado en 1990, éste no se activó hasta 1995. La temida crisis económica prevista para su creación sí llegó, en 1994, mismo año en que Salinas salió del poder, así que fue su sucesor, Ernesto Zedillo, el encargado de poner en marcha la creación de su antecesor.
Es así como el gobierno terminó comprando la deuda de los bancos por 552,300 millones de pesos.
Para 1995, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llevaba arrastrando varios escándalos a los que se sumó el Fobaproa, todo ello concluyó en su derrota en una elección presidencial por primera vez en el 2000.
En 1987, el PRI perdió por primera vez una gubernatura, en Baja California, contra el Partido Acción Nacional (PAN). Un año después, se llevaron a cabo los comicios en los que resultó ganador Salinas; sin embargo, éstos fueron señalados como fraudulentos debido a la “caída del sistema” que se presentó durante el conteo de los votos.
Las controversias continuaron rumbo a las elecciones de 1994, cuando el candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado en Tijuana, Baja California durante un mitín político y sustituido por su jefe de campaña, Ernesto Zedillo, quien finalmente subió a la silla presidencial.
A todo ello se le sumó la crisis económica de 1994, que causó la devaluación del peso durante los primeros días del gobierno de Zedillo.
El uso de capital del Estado para dar liquidez a los bancos fue señalado como un acto de corrupción y aprovechamiento por parte de los banqueros, quienes ingresaron las deudas de las instituciones a la cartera vencida que rescató el gobierno. Es decir que las deudas de los bancos fueron -y siguen siendo- pagadas con los impuestos de los mexicanos, capital que pudo ocuparse -pero no fue así- para otros ámbitos: salud, infraestructura, educación y cultura, principalmente.
En los siguientes años, el Fobaproa absorbió la deuda de los bancos, que para 1999, año en que se publicó la Ley de Protección al Ahorro Bancario, llegó a los 552,300 millones de pesos, es decir, el 11% de la economía del país en ese momento.
Desde el 21 de mayo de 1999, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), es el organismo encargado de administrar el Seguro de Depósitos Bancarios en México, su objetivo es, de acuerdo con el gobierno, "determinar el método de resolución de los bancos con problemas financieros, al menor costo posible para la sociedad y buscando, en la medida de lo posible, evitar el uso de recursos públicos ante situaciones de inestabilidad financiera".
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), hasta diciembre de 2021, la deuda del Fobaproa –que se compone de los pasivos del IPAB y del programa de apoyo a deudores de la banca– alcanzó 1 billón 040,507 millones de pesos, suma que sigue cubriéndose por los contribuyentes.
