El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) documentó 25 asesinatos de personas defensoras del medio ambiente el año pasado, de los cuales 21 fueron homicidios y cuatro ejecuciones extrajudiciales.
Se trata de la segunda cifra más elevada en la última década, superada únicamente por el número de asesinatos registrados en 2017, año que sumó 29 casos.
“El 2024 fue, nuevamente, un año muy violento para las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales”, afirmó la organización.
En su onceavo informe en la materia, presentado este lunes, CEMDA documentó también un total de 232 agresiones contra activistas.
Oaxaca, con 42 agresiones, fue la entidad federativa más peligrosa para los defensores del medio ambiente, seguida de Chiapas, Michoacán, Puebla y Veracruz.
“En los últimos 10 años, en CEMDA hemos documentado 189 agresiones letales en contra de personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio”, señala la organización.
Estos datos son similares a los reportados por otras organizaciones a nivel internacional, afirma, y colocan a México en el cuarto lugar del mundo en asesinatos a personas defensoras del medio ambiente.
Muchas de las víctimas son personas indígenas y varias defendían el territorio de megaproyectos con impactos negativos a la salud o el ambiente, como las granjas porcícolas, edificaciones habitacionales, de servicios y comerciales, la tala forestal ilegal, distintos proyectos mineros como La Revancha y Natividad, el Tren Maya, el relleno sanitario en Paso de Ovejas y la pesca ilegal.
De acuerdo con el informe, el principal agente agresor fue el Estado, con una participación en 62 eventos de agresión, de un total de 94.
“Esto equivale a 65.9% del total de agresiones. Este porcentaje se incrementó drásticamente, considerando que en el año 2023 fue de 49.5%. Resalta también el incremento en el número de agresiones en las que participaron empresas privadas y grupos de la delincuencia organizada, con 25 y 17 eventos de agresión, respectivamente”, exhibe.
A Carmen López Lugo, defensor del territorio indígena de Tila, Chiapas, lo mataron el 12 de enero de 2024. Un mes después, en el estado de Veracruz, 10 hombres secuestraron al activista Javier Ochoa Tejeda. Su cuerpo fue encontrado horas más tarde.
En febrero también fueron asesinados José Ángel Pelcastre, Ventura Ojeda y Florentino Castro, guardabosques de Puebla en contra de la tala ilegal de árboles.
Por defender el territorio de grupos criminales que operaban de manera ilegal una mina en Chicomuselo, Chiapas, fue asesinado en mayo el activista Ignacio López y 10 miembros de su familia.
Otros defensores víctimas de agresiones letales fueron Minerva Pérez Castro, Antonio Regis Nicolás, Marcelo Pérez Pérez, Abraham Globel y Marcos Sánchez.
Mientras que los hermanos Alberto y Jorge Cortina, además de las defensoras Adriana y Virginia Ortiz, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
